Los Ángeles, California .— Autoridades locales y estatales de Los Ángeles condenaron las acciones desplegadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la noche del pasado viernes 6 de noviembre a las afueras del hospital Adventist Health White Memorial, en la comunidad de Boyle Heights, tras un operativo que derivó en agresiones a manifestantes y la obstrucción de la entrada de ambulancias.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó la presencia de los efectivos federales y la calificó de aterradora para pacientes y familias.

” “Un hospital debería ser el único lugar donde la gente se sienta segura. Nadie debería tener que pensar dos veces antes de acudir a recibir atención médica ni temer que el tratamiento de un familiar pueda verse interrumpido por su situación migratoria”, aseveró la edil a través de sus canales oficiales.

En el mismo sentido se pronunció la concejala electa Nithya Raman durante una manifestación realizada el sábado frente al nosocomio, al calificar la actuación federal como “una afrenta” y rechazar las tácticas de la administración federal. A la postura oficial se sumaron la senadora estatal María Elena Durazo, quien exigió mayores salvaguardas para la comunidad, y la concejala Ysabel Jurado, quien solicitó revisar y rescindir cualquier convenio voluntario entre el centro médico y la agencia migratoria.

ICE agents reportedly blocked the emergency entrance of a Los Angeles hospital for TWO HOURS, forcing ambulances carrying people who needed emergency care to go elsewhere. This isn’t law enforcement. This is a reckless abuse of power that put innocent people’s lives at risk. https://t.co/z3dZHYwK4w

— Rencelawer (@rencelawer) November 9, 2026

Bloqueo de emergencias y uso de fuerza contra manifestantes

Los hechos se desencadenaron cuando agentes de ICE trasladaron al centro médico a una persona bajo su custodia que requería evaluación médica. De acuerdo con el primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, la presencia policial obedeció a la solicitud del propio detenido.

Sin embargo, directivos del nosocomio reportaron que los oficiales intentaron presenciar la consulta privada vulnerando la privacidad del paciente y, posteriormente, formaron un cerco frente al área de urgencias que impidió el ingreso de ambulancias durante aproximadamente dos horas. El presidente del hospital, Daniel Fontura, detalló que la institución no autorizó dicha restricción y se vio obligada a desviar unidades de emergencia a otros centros hospitalarios para no comprometer la vida de las personas.

La presencia de la agencia federal generó la movilización de vecinos y activistas comunitarios. Durante la protesta, agentes federales enmascarados utilizaron gas pimienta y replegaron por la fuerza a los manifestantes, afectando a civiles —entre ellos a una menor de edad— y deteniendo a dos personas.

Versión federal y deslinde policiaco local

En respuesta a las imputaciones, el fiscal adjunto Bill Essayli defendió la actuación de la agencia y confirmó la detención de dos ciudadanos estadounidenses bajo los cargos de agresión a oficiales federales.

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) precisó que acudió al sitio a petición del personal del hospital para restablecer el orden en la zona de ambulancias y garantizar el flujo de la atención médica. La corporación municipal remarcó que sus elementos no participaron en tareas de control migratorio ni en las aprehensiones ejecutadas por la agencia federal.