Nacional
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Proceso
Publicado el martes, 10 de noviembre del 2026 a las 08:01
Bogotá.- El gobierno mexicano carece de argumentos legales para solicitar a Colombia la extradición del juez federal Luis Benítez Alcántara –detenido en el aeropuerto de Bogotá el pasado 1 de noviembre–, ya que no existe ningún proceso penal abierto en México contra ese funcionario judicial acusado por Estados Unidos de trabajar para el narcotráfico.
Manuel González Sánchez, abogado de Benítez Alcántara en Colombia, dijo a Proceso que ya inició gestiones con autoridades judiciales mexicanas “y estamos a la espera de una respuesta oficial” para determinar qué pasos seguir en el proceso de extradición que se le sigue al juez federal en tribunales colombianos.
El abogado aclaró que su representado no tiene ningún proceso penal abierto en México, por lo que ese país no puede solicitarlo en extradición a Colombia.
El juez Benítez Alcántara fue detenido por la policía colombiana en el aeropuerto internacional de Bogotá, cuando se disponía a abordar un avión con destino a México, con escala en Panamá. La captura se produjo por solicitud de Estados Unidos, que lo requiere en extradición para juzgarlo por cargos de narcotráfico.
Detienen en Colombia a juez mexicano acusado de soborno para liberar a narco ligado a Ryan Wedding
Según la acusación estadunidense, Benítez Alcántara debe responder en un tribunal federal en California por cargos de narcotráfico, empresa criminal continua, asesinato y tentativa de asesinato en el marco de los vínculos que tendría el juzgador mexicano con el Cártel de Sinaloa.
Pero el abogado González Sánchez sostiene que la detención de su cliente en Bogotá se produjo bajo la acusación de haber recibido en febrero de 2025 un supuesto soborno de dos millones de dólares en efectivo para liberar al narcotraficante Andrew Clark, número dos del capo canadiense Ryan James Wedding.
De acuerdo con el abogado, la decisión que se le cuestiona al juzgador federal mexicano “se tomó en México y la tomó un juez en ejercicio legítimo y soberano de su función pública, por lo que creemos que cualquier tipo de juzgamiento o proceso debe hacerse en México y debe ser México el que defina si esa decisión resulta ser irregular o ilícita y el que defina si debe ser trasladado o no a Estados Unidos”.
El consulado de México en Bogotá ha estado pendiente del caso y verifica que Benítez Alcántara tenga garantizado un debido proceso.
El abogado del juez afirma que aun cuando no exista una solicitud de extradición por parte de México, “hay canales diplomáticos por los que se pueden hacer solicitudes para que la persona sea repatriada o retornada a su país de origen” y “desde nuestro despacho, y en coordinación con abogados mexicanos, ya estamos trabajando en ese sentido”.
La operación de captura del juez Benítez Alcántara fue coordinada por la policía colombiana con el FBI.
El abogado González Sánchez dijo que respeta la actuación de las autoridades estadunidenses “y entendemos toda la labor que hacen, pero consideramos que quien debe definir si hay algún tipo de irregularidad es México, porque la decisión (del juez federal) se toma en ejercicio de una función pública en territorio mexicano”.
Señaló que su representado “no ordenó la liberación de Andrew Clark ni buscó que evadiera a la justicia” y sostuvo que eso “se demostrará” judicialmente.
Será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia la que decida en un juicio si Benítez Alcántara es extraditado a Estados Unidos, quien según el Departamento de Justicia de Estados Unidos está acusado de nueve cargos relacionados no sólo con su actuación como juez federal, sino como enlace del Cártel de Sinaloa para actividades de narcotráfico.
El director de Investigación Criminal e Interpol de la policía colombiana, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, dijo que el juez mexicano estaba en la capital colombiana “presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos”.
El Tribunal de Disciplina Judicial de México informó la semana anterior que Benítez Alcántara tiene cuatro investigaciones abiertas en ese organismo por “presuntas irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional”, pero ninguna de ellas está relacionada con la que provocó su detención en Colombia (recibir un soborno para liberar a Andrew Clark).
Según el tribunal, iniciará una investigación de oficio sobre las acusaciones presentadas contra el juez mexicano por Estados Unidos.
El abogado colombiano del juez señala que el proceso de extradición seguirá su curso en Colombia, independientemente de que haya pronunciamiento o no de México, y respecto a la responsabilidad de su representado en el caso del soborno indica que “lo que hemos verificado preliminarmente es que la decisión (de liberar a Clark) fue tomada legítimamente y sin ningún tipo de conducta delictiva de por medio”.
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