España.- Sabina Pérez tiene 45 años y en los últimos tres ha visto cómo dos empresas la intentan echar de su casa. Lleva 12 años viviendo rentando un departamento en la calle Ermita 14, en el barrio Puerta del Ángel, en Madrid. En marzo recibió una comunicación en la que le decían que su contrato no se renovaría; el bloque fue comprado por la empresa Madrid Sur Residencial y hay un plan para construir pisos turísticos.

“ Nosotros queremos seguir negociando para renovar los contratos. No tenemos alternativas”, dice Pérez.

Los vecinos se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas, un colectivo que acompaña a víctimas de la especulación inmobiliaria y que tomó especial relevancia con el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en septiembre y que murió en el hospital semanas después de ser expulsada de su domicilio.

El caso supuso un terremoto político. Este miércoles estuvo convocada una huelga general en España para exigir medidas de control en el precio de la vivienda.

Crisis de vivienda 

El caso del bloque Ermita 14 simboliza el malestar de la población española en relación a la vivienda. Ubicado en un barrio convertido en epicentro de la especulación y donde grandes empresas compran edificios enteros para expulsar a sus vecinos y sacar más rentabilidad a los departamentos. Se ubica cerca de Madrid Río, un parque que terminó de construirse en 2011.

A partir de entonces, la zona se revalorizó y se convirtió en objetivo para los fondos buitre. Primero, el edificio era propiedad de Olivia de Borbón, una mujer de la alta sociedad española emparentada con el actual rey, Felipe VI. En 2017, Vitruvio Real State, una sociedad dedicada especialmente a comprar activos para luego alquilarlos, compró el inmueble.

“ No sabíamos cómo hacerle frente”, dice Pérez. “Empezaron a mandar notificaciones de que no nos renovaban los contratos”, explica.

Durante meses mantuvieron un pulso con la compañía hasta que lograron que su derecho a mantenerse en la vivienda fuera respetado.

Tres años después el edificio se ha encontrado con la misma historia. Vitruvio vendió y los nuevos dueños son Madrid Sur Residencial, una sociedad vinculada a diversas promotoras. Y otra vez llegaron los avisos de que los vecinos serían expulsados. Por ejemplo, Sabina Pérez recibió un burofax (mensajería de documentos con validez legal) en el que se le indicaba que su contrato no sería renovado.

Con un pie en la calle

Después de doce años viviendo y pagando su alquiler, se ve con un pie en la calle.

“ Esta es una sucesión de empresas que termina en un fondo suizo, un fondo extranjero que expulsa a las personas para obtener mayor beneficio”, se queja.

La inquilina explica que la media de alquiler en el bloque está entre los mil 100 euros (algo menos de 23 mil pesos) y los mil 200 euros (casi 25 mil pesos). Pero dice que también hay personas con renta antigua, lo que implica pagar muy por debajo del precio de mercado.

Estos grandes fondos, sin embargo, pretenden incrementar todavía más sus ganancias, por lo que sustituyen a inquilinos de larga data como Pérez por turistas o personas que llegan para periodos cortos y por precios mucho más elevados.

“ Aquí la gente trabaja 40 horas a la semana y no puede pagar una vivienda digna. Hemos llegado a una inestabilidad muy fuerte”, denuncia Sandra Mora, integrante del Sindicato de Inquilinas.

Esta mujer de 30 años sabe de lo que habla. En los últimos años ha tenido que lidiar con un contrato temporal fraudulento, con problemas sanitarios como moho en un departamento de 25 metros cuadrados que rentaba por 900 euros (algo menos de 22 mil pesos) y con precios desorbitados, como su actual alquiler de mil 500 euros (más de 30 mil pesos) que le obliga compartir piso.

En su opinión, medidas como el decreto promovido en septiembre pasado por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para limitar el poder de los fondos buitre no son la solución, pero pueden ayudar a algunas familias.

“ En este caso les hubiera servido, ya que el decreto prohíbe la compra especulativa”, explica.

El “no” del Congreso a las medidas impulsadas por Sánchez le llevó a convocar elecciones, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre. Las encuestas no son favorables para el PSOE ni para el resto de partidos progresistas, ya que prevén una victoria de la alianza de derechas PP-Vox.

Exigen control de precios

Hoy miércoles, a dos días de que comience la campaña, se realizó una huelga general para exigir medidas para controlar el precio de la vivienda. Se trata del primer paro de estas características que registra España desde hace 14 años y es una convocatoria inusual, ya que no tiene precedentes.

En este caso, el principal promotor fue el sindicato de Inquilinas, una organización social, que posteriormente recibió el apoyo de los sindicatos mayoritarios. En Ermita 14, en Madrid, el bloque se resiste a ser desalojado, desde hace días de han preparado para la jornada de protestas.

Quieren que las leyes cambien y los protejan frente a los grandes propietarios. Mientras, también se preparan para negociar con los dueños.

“ Esperamos que nos hagan un nuevo contrato”, resume Sabina Pérez.