El pasado 9 de noviembre compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidencia de la República.

Qué tiene de relevante lo anterior, se preguntará usted. Muy sencillo: ahí, durante una rutinaria y aburrida sesión con legisladores federales, así como que no quiere la cosa, el titular de Pemex informó un hecho trascendental para la vida y medio ambiente en Coahuila: hace una semana la empresa pública del estado inició la perforación de un pozo en el municipio de Hidalgo, ese que colinda con Estados Unidos, Nuevo León y Tamaulipas al mismo tiempo, con miras a iniciar en lo sucesivo la fracturación hidráulica –conocida como fracking– para la obtención de gas no convencional.

No se puede soslayar lo evidente: en 2026, como lo era en 2016 o 2006, se trata de un método altamente contaminante mediante el cual inyectan al subsuelo químicos a presión, impulsados por grandes cantidades de agua, de tal forma que rompen las rocas lutitas de la Cuenca de Burgos y liberan el hidrocarburo contenido en esas formaciones geológicas.

El problema, por un lado, radica en que no se garantiza el retorno completo a la superficie del líquido introducido, quedándose almacenado en el subsuelo (y envenenando, por consecuencia, otras fuentes subterráneas y mantos acuíferos); por otro lado, existe la necesidad de millones de metros cúbicos de agua para poder ejecutar la operación, en una zona donde sencillamente no hay suficiente ni para el consumo humano.

Sin embargo, a últimas fechas desde la Presidencia de la República, apoyada por un presunto grupo de expertos de mayoría centralista (como es usual en cualquier acción emprendida por el régimen) que le asesora en la materia, presentado el pasado 15 de abril (entre los cuales fue insertado un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Fernando Camacho Ortegón, profesor del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas y chilango, para no variar), enfocan la narrativa en un solo punto: encontrar fuentes de agua salobre, no apta para consumo humano, como condición para continuar la explotación.

Y así, siguiendo esa misma línea, lo dijo también el incipiente director de Pemex en su breve y poco explicativa comparecencia: “Estamos en espera de los resultados que confirmen las características del agua salobre y la ratificación de que no exista comunicación con los acuíferos de agua dulce, garantizando la desconexión hidráulica”.

Esa postura, no obstante, niega desde el discurso al resto de inconvenientes. Y aunque le llaman “fase de evaluación”, en los hechos se trata de experimentación. O servir Coahuila como conejillo de indias; quid de la cuestión.

Pudo ser en Tamaulipas o Nuevo León, quienes por igual se ubican en la misma Cuenca, pero el costo político no lo absorbieron ellos, sino Coahuila, apelando a su vocación de basurero tóxico de México (no en vano es el único lugar del país donde hay dos confinamientos de residuos peligrosos; el de General Cepeda y el de Ramos Arizpe).

Y más allá del asunto oficial, está el precio ecológico a pagar; acaso el más importante de todos.

Cortita y al pie

El caso se resume más o menos de la siguiente manera: durante todo el obradorato se satanizó la fractura hidráulica e inclusive, en el plan de acción de Sheinbaum, sintetizado en 100 compromisos para su Administración, expresamente llamó a la prohibición.

Circunstancias geopolíticas y la relación bilateral con Estados Unidos le han orillado a retractarse y emprender el negocio de la perforación ecocida para obtener hidrocarburos como gas no convencional, como adelantó Pemex en su plan de acción 2025-2035 el año anterior.

Ello motivó a que por fin hubiese convergencia entre los presuntos izquierdistas que se manifestaban en contra públicamente hace tres lustros, y los priístas locales que siempre han mantenido una postura favorable desde los tiempos en que Gobernaba la entidad, Rubén Moreira, y se quiso instaurar por decreto la política del “Estado con energía”.

Ni siquiera los más fundamentalistas y dogmáticos partidarios de la cuarta transformación, quienes decían estar en contra cuando sobrevinieron las primeras manifestaciones en 2018, hoy asoman la cabeza. Y quienes sí lo hacen, se posicionan a favor propalando –sin ninguna prueba al respecto– un lugar común: “la tecnología ha avanzado mucho”, frase usada para justificar cualquier tropelía sobre la cual no se tenga mucho conocimiento, y convencer a un auditorio (al que se cree más ignorante que uno).

Otros, más ociosos intelectualmente, simplemente se limitan a repetir “soberanía energética”. Son falsarios y oportunistas. Acomodaticios. La peor calaña entre la clase política. Los que aplaudían al líder de la secta guinda en la Plaza de Armas hace ocho años, cuando este dijo en la puerta de Palacio de Gobierno “no al fracking”, parafraseándole, hoy callan como momias.

La última y nos vamos

Durante la reunión del lunes en la Cámara de Diputados hubo preguntas de muy baja preparación en el tema por parte de Theodoros Kalionchiz de la Fuente (PAN-PRI) y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT).

Antonio Lorenzo Castro (Morena), por su parte, estuvo presente sólo para pasar lista y comer cacahuates gratis; ni siquiera cuestionó algo. Nada. Esa fue la representación por Coahuila.

Hubo más argumentos, por ejemplo, entre el grupo de personas que se manifestó en contra del fracking afuera del Rodeo Saltillo el fin de semana que duró este.

Por lo demás, si bien Pemex goza de independencia técnica y de gestión, ¿a quién pidió autorización? ¿Hubo asambleas informativas con “el pueblo”, o eso que los “zurditos” llaman “democracia participativa”?

La decisión ya está tomada y cualquier indicio o evidencia será desestimado, o sobrestimado, en función del resultado final que pretendan. Lo de menos es el agua salobre y la gente de Coahuila.