Ciudad de México.- Consejeros exhibieron la estrategia que tenía la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para asignar contratos sobre la producción de materiales electorales que se usarán en la elección del 2027.

Durante la sesión, integrantes del Consejo General relataron que el 3 de septiembre, la sonorense frenó la aprobación de dicha documentación con el argumento de que el acuerdo debía perfeccionarse.

Ahora, al evidenciarse una red de corrupción entre la consejera y proveedores, aseguraron que la estrategia era acortar lo más que se pudiera los plazos para, tramposamente, realizar contratos por asignación directa, en lugar de licitaciones.

Representantes de partidos exigieron “limpiar el cochinero” que dejó Taddei, y garantizar que los proveedores no están dentro de una posible red de corrupción.

El consejero Martín Faz ventiló que de 25 modelos gráficos que habían sido rechazados por Taddei hace dos meses, 13 son idénticos y el resto tiene cambios menores, como colores, redacción o logotipos, por lo que la tardanza tenía otro propósito.

“No podemos analizar lo sucedido como si ocurriera al margen del contexto que hoy enfrenta nuestro Instituto, de graves señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones, conflicto de interés y posibles beneficios indebidos a determinados proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei.

“Hoy existen razones suficientes para preguntarnos si la decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar y generar condiciones que posteriormente permitieran justificar adjudicaciones directas potencialmente favorables a determinadas empresas”, arremetió.

La consejera Carla Humphrey recriminó a los seis consejeros que formaban parte del bloque de Taddei respaldarla en todas las decisiones, sin analizar qué estaba sucediendo.

Propuso que, pese a la renuncia de la sonorense y la orden de revisar todas las contrataciones, se debe conocer cómo se fraguó la estrategia y si proveedores serían beneficiados, por lo que las áreas reconstruirán, con documentos, la ruta de los retrasos.

De acuerdo con un informe entregado el miércoles a los consejeros, de los 72 contratos que debe realizar la Dirección de Organización, 45 registran riesgo alto, por su tardanza, y otros 20 riesgo medio.

De los 24 contratos que la Dirección de Capacitación debía realizar, diez están en periodo crítico. Mientras que los dos proyectos de la Unidad de Servicios de Informática, que era encabezada por un operador del proveedor José Alfredo Hernández, tienen riesgo alto.

Así, el Consejo General aprobó que las direcciones de Organización y Administración presenten las rutas viables de contratación y solicitar al Órgano Interno de Control examine los posibles retrasos injustificados, y aplique sanciones.

“La pérdida de competencia puede tener consecuencias tan relevantes como un sobreprecio”, apuntó.

¿Presupuesto inflado?

Al iniciar la sesión, los partidos recriminaron a los consejeros su desinterés de reclamar un recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos.

En respuesta, el consejero Arturo Chávez afirmó que la elección no está en riesgo, pues solicitaron más de lo que necesitaban.

“Pedir no empobrece, entonces se pidió mucho más recurso del que tradicionalmente venía ejerciendo el Instituto. Sí les pedimos paciencia, sí haremos este análisis y sí veremos si en términos reales, en pesos constantes, dicen los que saben, hubo tal recorte o no hubo tal recorte”, justificó.

Sorprendido, algunos representantes de partidos le cuestionaron por qué pidieron un presupuesto “inflado”.

“Hubiera sido pertinente un presupuesto apegado a cierta racionalidad, pero bueno, vamos a ver cómo se impacta al final de cuentas.

“Suena como, ¿cómo lo digo de manera suave?… Como haber inflado algunas cifras y decir que no va a tener ningún tipo de impacto al final de cuentas en el trabajo institucional”, reclamó Marco Baños, del partido Somos.