El aparato legislativo del régimen oficialista, consolida un modelo de vigilancia financiera y voracidad recaudatoria que amenaza la autonomía del ciudadano. Lejos de ampliar libertades, las recientes reformas dibujan una ruta hacia el control estatal absoluto del patrimonio privado, siguiendo el manual de los regímenes autoritarios donde nadie puede prosperar sin la anuencia del poder central.

El primer eslabón de esta cadena es la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre pasado. Aunque el discurso oficial asegura que el efectivo no desaparecerá de inmediato, su artículo 13 faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar unilateralmente qué sectores estratégicos y actividades relevantes operarán exclusivamente con pagos electrónicos, prohibiendo el uso de billetes y monedas salvo en contingencias técnicas temporales. Sumada al Expediente Digital Ciudadano ligado a la CURP Digital, esta norma otorga al Estado trazabilidad total sobre cada peso que entra o sale del bolsillo ciudadano, preparando el terreno para cancelar la privacidad financiera y someter el comercio cotidiano al escrutinio permanente del fisco.

A esta vigilancia se añade el endurecimiento de la cacería fiscal. Aunque no existe un decreto presidencial nuevo que ordene bloqueos automáticos por el simple monto de los depósitos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado en este cierre de 2026 la aplicación del artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación. Bajo este esquema, la autoridad inmoviliza cuentas bancarias sin juicio previo ante créditos fiscales firmes, discrepancias entre ingresos y movimientos bancarios o la simple omisión de declaraciones y requerimientos notificados vía Buzón Tributario, cuya activación será obligatoria bajo multa a partir de 2027. Paralelamente, la Ley de Ingresos de la Federación 2027, aprobada por el Senado el 27 de octubre de 2026, proyecta exprimir 6.26 billones de pesos en impuestos, en deducciones empresariales, mientras autoriza un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones.

La historia demuestra que todo régimen absolutista busca empobrecer la iniciativa privada para fabricar dependencia clientelar. Cuando el Estado persigue al emprendedor, frena deducciones y convierte cada transacción en sospecha fiscal, expulsa capitales y destruye la clase media que sostiene la democracia. México había construido espacios de libertad económica donde el progreso dependía del talento individual, no del permiso gubernamental; hoy ese pacto se rompe.

En Coahuila el impacto es doble. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre por 10.6 billones de pesos sin aceptar una sola de las 1,760 reservas opositoras, confirma el castigo centralista. Mientras el oficialismo recorta 6 mil millones de pesos al INE rumbo a las elecciones intermedias y prioriza el gasto clientelar, mantiene asfixiadas las participaciones reales y los fondos directos para la seguridad pública local, obligando a entidades productivas como Coahuila a sostener con recursos propios su blindaje policial e infraestructura. Despertar y defender la libertad patrimonial y el federalismo ya no es una opción política, sino una urgencia de supervivencia ciudadana.