Negocios
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El Economista
Publicado el martes, 17 de noviembre del 2026 a las 18:05
Jesús Vázquez |Cancún, QRoo.– Quintana Roo, que importa 60% de los 23 mil millones de dólares que consume al año, enfrentará encarecimiento de productos, retención de mercancías y afectaciones a micronegocios con la reforma aduanera que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Así lo advirtió Sergio León Cervantes, vicepresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en el Sureste.
El estado importa bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos, textiles y calzado, artículos de decoración y materiales de construcción, por lo que cualquier cambio en las reglas de comercio exterior impacta directamente en su economía.
Sin embargo, la reforma contempla mayor vigilancia del SAT y de Aduanas para revisar el valor de las mercancías y los gastos generados en el extranjero para traerlas. Los precios bajos quedarán bajo sospecha: si un producto se importa demasiado barato frente a mercancías comparables, habrá una revisión y puede haber embargo precautorio y retención de la mercancía por diferencias en la valoración.
Además, se establece la regla del 20%, que impone distintas garantías según la diferencia de precio, así como nuevas obligaciones para importadores y agentes aduanales para justificar todas sus operaciones y multas de 50 a 100% del valor comercial en casos como los relacionados con combustibles.
León Cervantes advirtió que el mayor riesgo es la discrecionalidad. Cuestionó quién decide cuál es el precio correcto y puso como ejemplo un vaso de marca que puede costar 10 dólares frente a uno genérico a granel que cuesta 50 centavos.
Comprar barato no significa cometer fraude, dijo, pues influyen la capacidad de compra, los proveedores y el volumen; sin embargo, al no haber reglas claras, la valoración quedará a criterio humano.
Reconoció como positivo combatir la subvaluación y la evasión fiscal, lograr una competencia más justa para los productos nacionales, aumentar la recaudación sin elevar impuestos y cerrar el paso a contrabandistas y empresas fraudulentas.
Sin embargo, alertó sobre los efectos negativos: encarecimiento de importaciones, precios más altos para los consumidores en plena contracción económica, más burocracia y tiempos de despacho aduanal, afectaciones a las cadenas productivas y turísticas, menor competitividad frente a otros países y riesgo de arbitrariedad y corrupción.
Recordó que en México hay 5.5 millones de empresas registradas, más de 6 mil 500 empresas IMMEX y 5 mil 200 manufactureras, pero 95.5% son micronegocios vulnerables cuando dependen de importaciones y tienen poca liquidez.
Inmovilizar mercancías es inmovilizar capital, lo que golpea principalmente a pequeñas empresas y genera incertidumbre, sostuvo.
“No podemos combatir la ilegalidad sacrificando la competitividad”, afirmó, al llamar a conformar un frente empresarial para exigir reglas claras del juego, para que una medida que es positiva no se vuelva negativa y afecte el costo de vida y sectores clave como industria, agricultura, ganadería, pesca y turismo.
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