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| En 2019, las Fiscalías estatales contabilizaron mil 629 víctimas de secuestro; durante todo 2025, registraron 725.

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Secuestro: nueva arma de guerra; vuelve a crecer la sombra del rapto

  Por Agencia Reforma

Publicado el jueves, 19 de noviembre del 2026 a las 04:45


Fragmentación de organizaciones criminales y la disputa entre cárteles provocaron que células diversificaran sus actividades hacia el secuestro

Ciudad de México.- Las víctimas de secuestro del fuero federal aumentaron 31% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 70 a 92 personas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República.

El repunte ocurre en medio de disputas entre organizaciones criminales que extendieron las privaciones de la libertad a migrantes, trabajadores, familias y hasta presidentes municipales, en regiones donde los grupos delictivos también pelean el control de carreteras, rutas fronterizas y actividades económicas.

Los secuestros investigados por la Federación incluyeron casos que, por sus características, quedaron bajo competencia de la FGR, entre ellos aquellos vinculados con la delincuencia organizada. Se trata de una parte del delito, pues otros plagios fueron investigados por las fiscalías estatales.

Las personas interceptadas por hombres armados con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas son generalmente grupos de migrantes retenidos durante su tránsito hacia Estados Unidos, trabajadores sacados de sus instalaciones y hasta autoridades municipales o civiles que viajaban por carretera, entre otros casos.

Los focos rojos del secuestro federal se concentraron en Sinaloa y Puebla, que acumularon 15 y 14 víctimas, respectivamente, entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con la FGR.

Ambas entidades reunieron 29 de las 92 personas secuestradas en el país, equivalentes al 31.5% del total nacional.

En Sinaloa, la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa coincidió con una ola de personas levantadas o plagiadas con violencia, en medio de la disputa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, mientras que en Puebla las autoridades investigaron redes criminales vinculadas con secuestros y otras actividades ilícitas en corredores carreteros.

En Chihuahua, los secuestros de migrantes mostraron el control que redes criminales buscaron ejercer sobre las rutas fronterizas.

En Guerrero, las investigaciones sobre plagios alcanzaron a estructuras de La FamiliaMichoacana.

El fenómeno, aunque tiene distintos rostros, se mantuvo como una herramienta utilizada por grupos criminales para obtener dinero, ejercer presión sobre sus víctimas o imponer condiciones en territorios donde disputaron actividades ilícitas, de acuerdo con fuentes federales.

Contra políticos

El 7 de noviembre, el Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue privado de la libertad cuando viajaba por una carretera de Zacatecas, cerca de los límites con San Luis Potosí.

Hombres armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaba y se llevaron al funcionario, mientras sus acompañantes quedaron abandonados.

La desaparición movilizó a corporaciones de seguridad de distintas entidades y a fuerzas federales, que desplegaron labores de búsqueda en la región.

El Edíl fue localizado con vida es Saltillo, Coahuila, al día siguiente. Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a sus captores y establecer el motivo de la privación de la libertad.

Meses antes, en abril, el Alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, también fueron privados de la libertad.

Ambos fueron localizados con vida después de una operación de búsqueda en la que participaron autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló entonces a La Familia Michoacana como una de las principales líneas de investigación sobre los responsables.

El caso adquirió otra dimensión cuando las investigaciones alcanzaron a funcionarios del propio Ayuntamiento de Taxco, señalados por su presunta participación en actividades delictivas.

Este delito también afectó a trabajadores. En enero de 2026, 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad por hombres armados en Concordia, Sinaloa, en una región disputada por “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Para marzo, las autoridades habían identificado los cuerpos de siete de las víctimas, mientras continuaba la búsqueda de las restantes.

La empresa suspendió temporalmente sus operaciones en Concordia, mientras las familias exigieron resultados de las investigaciones y la localización de sus seres queridos.

Nuevos  horizontes

David Ordaz, experto en prevención del delito, advierte que el secuestro en México cambió de modalidad y se convirtió en una herramienta de las organizaciones criminales para disputar territorios, someter comunidades, castigar adversarios y obtener recursos.

El especialista sostiene que el incremento de víctimas registrado en determinadas regiones del país responde principalmente a las confrontaciones entre grupos delictivos, más que al resurgimiento de las bandas tradicionales dedicadas a exigir rescates millonarios.

Explica que el fenómeno adquirió características distintas a las observadas durante las décadas de los 90 y principios de los años 2000, cuando las organizaciones de secuestradores buscaban principalmente beneficios económicos mediante el cautiverio de empresarios y ciudadanos.

“

Hablar de que el secuestro regresó, desde mi punto de vista, es una premisa inexacta. El fenómeno nunca desapareció, sino que de alguna manera mutó en su dinámica y se concentró en focos muy específicos”, señala.

Ordaz indica que la concentración de casos en entidades como Sinaloa, Chihuahua y Baja California, refleja la utilización de la privación de la libertad como un mecanismo de presión durante las disputas por corredores estratégicos del narcotráfico.

En particular, menciona la confrontación entre facciones criminales en Sinaloa y las disputas en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, donde las organizaciones recurrieron a esta práctica para imponer condiciones a sus adversarios.

“

Cuando estalla una confrontación entre facciones criminales, como en el caso de Sinaloa, o de Ciudad Juárez o Tijuana, donde podemos ver que se han intensificado disputas en corredores fronterizos, el secuestro se dispara más como un arma de guerra, como terror y control territorial”, explica.

El especialista señala que esta transformación permitió a los grupos criminales utilizar el secuestro para levantar a integrantes de organizaciones rivales, reclutar personas mediante la fuerza y castigar a comunidades consideradas contrarias a sus intereses.

Ordaz considera que esta dinámica podría contribuir a explicar el incremento de víctimas de secuestro registrado en el ámbito federal durante los primeros nueve meses de 2026, debido a la participación de estructuras criminales de mayor complejidad.

Sin embargo, aclara que las variaciones estadísticas también debían examinarse a partir de las diferencias entre los registros federales y estatales, así como de las metodologías utilizadas para contabilizar los delitos.

El secuestro extorsivo, asociado tradicionalmente con la exigencia de dinero a cambio de liberar a una persona, permaneció como una de las modalidades más frecuentes.

Pero los registros de 2026, también mostraron secuestros exprés, retenciones de rehenes y privaciones de la libertad con la finalidad de causar daño.

En septiembre, las fiscalías estatales contabilizaron 56 víctimas de secuestro. De ellas, 36 fueron clasificadas como víctimas de secuestro extorsivo y 15 de secuestro exprés.

Otras cuatro correspondieron a secuestro para causar daño y una a secuestro con calidad de rehén.

 

Culiacán: foco rojo

Alto al Secuestro, colocó a Sinaloa como el principal foco rojo del país, principalmente su capital. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, la organización documentó 893 eventos en la capital sinaloense, una concentración que superó ampliamente la registrada en cualquier otro municipio. La cifra representó más de una cuarta parte de todos los secuestros identificados por el organismo durante esos dos años.

Mazatlán apareció con 69 eventos y Navolato con 25. Los tres municipios reunieron 987 de los mil 39 secuestros documentados en Sinaloa. La concentración coincidió con la disputa criminal del cártel de Sinaloa que se extendió desde Culiacán hacia otras regiones del estado, particularmente los corredores carreteros y las zonas de influencia de las facciones enfrentadas. El control territorial, las rutas de traslado y las redes de apoyo de cada organización adquirieron importancia dentro de esa confrontación.

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