La Habana.- Cuba ha otorgado hasta ahora más de 113 mil licencias para ejercer el trabajo “por cuenta propia”, el “colchón” con el cual el gobierno del presidente Raúl Castro espera amortiguar el despido inicial de 500 mil trabajadores estatales.

De acuerdo a la directora de Empleo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Idalmys Álvarez, el 68 por ciento de los solicitantes estaban desvinculados laboralmente y el 20 por ciento de las autorizaciones otorgadas fueron para elaborar y vender alimentos.

Álvarez, quien citó el pasado 31 de enero como fecha del cierre de esta contabilidad, dijo que en segundo lugar están los trabajadores contratados, seguidos de los vinculados a la transportación y carga de pasajeros.

Detrás se ubican los productores vendedores de artículos varios de uso doméstico, arrendadores de vivienda, albañiles y mensajeros, añadió Álvarez al diario Juventud Rebelde.

El gobierno tiene autorizadas 178 categorías de autoempleo, de las cuales en 83 de ellas se puede utilizar fuerza laboral, siempre con el pago de impuestos y contribución a la seguridad social por parte de los empleadores.

Las provincias con mayor cifra de ciudadanos que desean salir de la tutela del Estado integrándose al “cuentapropismo” son La Habana (la capital del país) Matanzas y Camagüey, precisó la funcionaria del MTSS.

El otorgamiento de más de 113 mil licencias eleva a casi 158 mil los trabajadores por cuenta propia, después de que esa modalidad se ampliara en octubre del año pasado como parte de los cambios anunciados por Castro para “actualizar” el modelo socialista.

Esa actualización incluye el despido, en una primera etapa, de medio millón de trabajadores improductivos, el 10 por ciento de la fuerza laboral, y a más largo plazo de 1.3 millones de asalariados del Estado, el 20 por ciento de una fuerza laboral de 4.9 millones.

Las autoridades han planteado la ampliación y flexibilización del trabajo autónomo en Cuba como una de las alternativas laborales a los despidos masivos en las plantillas estatales “infladas”, tras años de sostener que en la isla existía “pleno empleo”.

Pero en un discurso ante su Consejo de Ministros, Castro admitió el 28 de febrero pasado que habrá un retraso en el cronograma de ajuste laboral para desinflar las plantillas estatales y que las reformas económicas de Cuba tardarán al menos cinco años en ponerse en marcha.

Sobre los despidos laborales, comentó que “no constituye un fin en sí mismo, sino una medida encaminada a recuperar la eficiencia y la disciplina en los colectivos de trabajadores” y no puede enmarcarse en “plazos inflexibles”.

Analistas opinan que el gobierno, agobiado por una crisis de liquidez y excesivos gastos estatales, debió antes de iniciar los recortes de empleados garantizar las condicines para una efectiva reinserción laboral en el otrora mal visto sector privado.

Los emprendedores isleños, a la vez, se quejan de que los elevados impuestos aprobados para gravar sus ingresos les deja escaso margen para hacer prosperar sus negocios privados, además de la ausencia de mercados mayoristas para comprar insumos a precios competitivos.

Según la ley, los nuevos trabajadores privados tendrán un riguroso sistema tributario, que incluye impuestos sobre la renta de 25 a 50 por ciento, ventas o servicios (10 por ciento), contratación de fuerza de trabajo (25) y una contribución obligatoria al seguro social (25).

Las autoridades sostienen que los impuestos y el pago de la seguridad social son una forma de redistribución de ingresos para mantener servicios gratis, como salud y educación, o con cierto nivel de subsidios en el país.