El Cairo, Egipto.- El proceso por malversaciones financieras del ex ministro egipcio del Interior, el muy impopular Habib el Adli, empezó el sábado, dando inicio a una serie de procedimientos judiciales contra altos cargos del régimen de Hosni Mubarak.

El Adli, con uniforme blanco de preso, se declaró inocente de los cargos de blanqueo de dinero y de malversación de fondos públicos. “Eso no se produjo”, dijo en dos ocasiones sin perder la calma.

Habib el Adli, destituido de su cargo en el gobierno a finales de enero, fue detenido el 17 de febrero, una semana después de la caída del presidente Hosni Mubarak provocada por un levantamiento popular.

El Adli es detestado por gran parte de la población egipcia que pidió con insistencia, desde el inicio de la sublevación contra el régimen el 25 de enero, su salida del gobierno.

La policía que dirigía en la época está acusada de la sangrienta represión que marcó el inicio de la revuelta, en la que murieron al menos 384 personas y más de 6.000 resultaron heridas, según el ministerio de Salud.

El juicio se aplazó hasta el 2 de abril después una suspensión de la audiencia debida a los duros intercambios verbales entre los abogados de los demandantes y los de la defensa, que pidió más tiempo para preparar sus argumentos.

El defensor de El Adli, Mohamed Yusef Maná, pidió más tiempo para estudiar el caso, alegando que todavía no ha recibido un legajo esencial. El abogado se negó a hablar con la prensa al terminar la audiencia.

Según el juez, el ex ministro del Interior es acusado de haber abusado de su cargo para vender un terreno a un promotor por más de más de 4,8 millones de libras egipcias (unos 800.000 dólares).

Es acusado asimismo de estar implicado en una operación de blanqueo de dinero por un monto de más 4,5 millones de libras (unos 760.000 dólares).

Esas acusaciones no satisfacen a los militantes en favor de la democracia, que desean que el ex ministro sea juzgado por violaciones de los derechos humanos.

El Adli es objeto paralelamente de otra investigación por haber ordenado disparar con balas reales contra los manifestantes durante la sublevación.

En la audiencia, uno de los abogados de los demandantes, Ibrahim Basiuni, pidió al juez que autorizara a la televisión a filmar el proceso, estimando que el “pueblo tiene derecho a ver a este asesino en el banquillo de los acusados”.

Pero su pedido no fue aceptado y sólo un pequeño grupo de periodistas de la prensa escrita fue autorizado a asistir a la audiencia.

Fuera del tribunal, decenas de personas gritaban consignas como “el pueblo pide la ejecución del criminal” y enarbolaban pancartas que mostraban al ex ministro con una cuerda al cuello.

Varios ministros de Mubarak y hombres de negocios cercanos al antiguo régimen también han sido detenidos y sus haberes bloqueados en los últimos días. Algunos de ellos serán juzgados en las próximas semanas.

La lucha contra la corrupción es una de las principales exigencias de los opositores que provocaron la salida de Mubarak, cuyos haberes, así como los de su familia, también han sido bloqueados.