México.- La diputada federal del PRD, Teresa Incháustegui Romero, presentó una iniciativa que plantea tipificar el “feminicidio” con penas que van de los 20 a los 60 años así como crear un registro nacional de mujeres víctimas de la violencia.

De a cuerdo a las reformas se considerará feminicidio “exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad”.

Para ello se prevé reformar diversos artículos de los códigos Penal Federal; Federal de Procedimientos Penales, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La iniciativa señala que cuando el asesinato de una mujer se derive de una relación laboral o docente las penas serán de 40 a 60 años de cárcel.

Asimismo el Ministerio Público no podrá incluir en la investigación elementos que socaven la credibilidad y “responsabilicen” tácitamente a la víctima en favor del acusado, tales como la forma de vestir, ocupación laboral, conducta sexual y relación con el agresor.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que en los casos de muertes de mujeres ingresadas a hospitales por traumatismo, heridas, ahogamiento, agresión sexual, entre otros, se deberá abrir una investigación por presunto feminicidio.

También se obliga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a crear una página de internet específica para publicar los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas.

“La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas”, añade la iniciativa.

Además de crear un registro público de los delitos cometidos contra mujeres, donde se incluyan datos geográficos, socio económicos así como la tipología del crimen y otros datos específicos de cada caso.

Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.

La iniciativa plantea elaborar y aplicar protocolos especializadas con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual.

Además de crear la Base Nacional de Información Genética que concentrará datos de mujeres y niña desaparecidas a nivel nacional, así como muestras genéticas de los familiares para su localización.