La Habana.- Cuba impuso hoy una pena de 15 años de privación de libertad al contratista estadunidense Alan Gross, acusado de “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, un caso que ha crispado las relaciones La Habana- Washington.

Un comunicado oficial leído este sábado por la televisión estatal indicó que la sentencia se dictó el viernes, una semana después de quedar “concluso para sentencia” el juicio seguido durante dos días contra Gross, y al cual asistió su esposa Judy Gross.

A la sala del tribunal se permitió el viernes y sábado pasados la asistencia de abogados del contratista y de funcionarios consulares estadunidenses, pero no así a periodistas, que tuvieron que congregarse en la calle.

Gross, de 61 años, para quien la Fiscalía había pedido 20 años de prisión, fue detenido el 3 de diciembre de 2009 y en varias ocasiones el gobierno del presidente Barack Obama advirtió que no podía esperarse una mejora en las relaciones mientras permaneciera bajo arresto.

La nota dijo que en su fallo, el Tribunal Provincial Popular de La Habana “tuvo en cuenta las numerosas pruebas testificales, periciales y documentales practicadas en el juicio oral, en especial las presentadas por la Fiscalía”, dijo el texto.

Según la versión oficial, estas pruebas “demostraron la participación directa del contratista en un proyecto subversivo del gobierno de Estados Unidos para tratar de destruir la revolución”.

Esta acción la ejecutaría, agregó, “mediante el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores contra diversos sectores sociales”.

El comunicado dijo que durante la vista del juicio oral, el acusado “reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), de los Estados Unidos”.

Anotó que la USAID está subordinada al Departamento de Estado estadunidense, y financia a la empresa contratista DAI (Development Associates International), “en nombre de la cual Gross vino a Cuba”.

“Contra la sanción impuesta”, Gross “podrá interponer en su momento recurso de casación (apelación) ante la sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular”, concluyó.

La secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton ha insistido en varias oportunidades en pedir la liberación del contratista para garantizar su “regreso a casa”.

El Departamento de Estado sostiene que Gross trataba de ayudar a la comunidad judía a conectarse a internet, restringida en la isla.

La semana pasada, el gobierno cubano dijo que en el proceso participaron 10 testigos, nueve peritos con 26 informes periciales y se tuvo en cuenta además el informe del instructor, y “abundantes pruebas materiales y documentales presentadas por la Fiscalía”.