México, DF.- Resolver juicios laborales, aplacar a un vecino incómodo, garantizar pago de deudas o desalojar inquilinos no solamente se puede lograr mediante juicios, sino también a puñetazos.

Al menos eso ofrecen grupos de golpeadores que promueven sus servicios en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia del DF, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de la Procuraduría de Justicia, en la colonia Doctores.

Se presentan como cargadores, veladores o mudanceros, pero en la práctica son amedrentadores a sueldo, organizados en bandas que se alquilan por cuotas de 200 a mil pesos por persona y pueden ser tan agresivos según sea el problema que el cliente necesite resolver.

La Junta Local reporta que tienen identificadas al menos 12 bandas de este tipo que operan cerca de las dependencias donde se litigan juicios, principalmente civiles.

Apostados en las banquetas, discretamente reparten tarjetas de presentación en las que aparecen nombres de pila o apodos y un número de teléfono celular. Nunca una dirección ni teléfonos fijos.

En el lugar “Reforma” recopiló cuatro “contactos” y luego, vía telefónica, los llamó y les expuso diversas situaciones hipotéticas como amedrentar a un vecino incómodo, desalojar a inquilinos o disuadir a un automovilista que pide una costosa indemnización por un choque.

Los cuatro aceptaron el trabajo y ofrecieron enviar gente para realizar desde una amenaza verbal, hasta romper huesos.

“Yo por ese tipo de trabajitos le cobro mil pesitos. Podemos hablar recio con el señor, le decimos las cosas, y si se pone pendejo le rompemos su madre”, ofreció “El Gordo” para lograr que una persona ya no reclame 90 mil pesos para reparar un auto dañado durante un accidente.

Los golpeadores no se ponen lómites, incluso garantizan el éxito en diligencias en las que no hay respaldo legal, pero el costo se eleva.

Un hombre identificado como Lázaro pidió 70 mil pesos por llevar 40 cargadores a la colonia Roma para invadir un edificio habitado por cinco familias y sacar sus pertenencias a la calle, mientras un cerrajero cambia las chapas y otros 30 enfrentan a los inquilinos, todo sin orden judicial.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramón Montaño, admite que por miedo a estos grupos hay gente que desiste de sus demandas o termina por hacer malos acuerdos.