México.- El gobierno federal tiene 60 millones de pesos para repartir entre los ciudadanos que obtengan recompensas por denunciar a funcionarios corruptos. Esto, al momento de que el Congreso de la Unión apruebe las iniciativas presentadas por el jefe del Ejecutivo para combatir a la corrupción.

Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que la corrupción sigue existiendo entre los funcionarios, pero las empresas también han incrementado su modus operandi para obtener contratos de manera ilegal.

Entre los ejemplos explicó que las empresas se ponen de acuerdo entre ellas para ofrecer un alto costo al gobierno federal y “se van repartiendo las ganancias”.

Otros deciden ponerse de acuerdo para ver quién ganará una licitación y algunos más ofrecen sobornos a los funcionarios para ser favorecidos con las licitaciones.

Existe otra modalidad detectada por la Secretaría de la Función Pública: las dependencias del gobierno federal crean “convenios” y así ya no tienen que lanzar una convocatoria para una licitación. Directamente es contratada alguna empresa. Aunque esta forma de actuar es legal, no es correcta, reconoció el funcionario.

Estos huecos que existen en la ley provocan que queden sin castigo las irregularidades cometidas.

El 1 de marzo, el presidente Felipe Calderón presentó dos iniciativas, una denominada Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y otra para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En estos momentos, la Función Pública no sólo cabildea la ley con los legisladores, pues también se encuentra en el proceso de explicarle a los empresarios dichas iniciativas.

Después de que el jefe del Ejecutivo federal propusiera la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, Vega Casillas dijo que esta idea ya desapareció. Sólo fue una propuesta que se tomó generar ahorros debido a la crisis mundial.

El funcionario habló del proceso que existe en acceso a la información y aceptó que hay dependencias que se niegan a aceptar las resoluciones del IFAI, pero “son las menos”.

¿Qué efectos inmediatos tendrían estas nuevas propuestas del Ejecutivo federal entre las empresas?

Para una empresa seria, la inhabilitación puede ser causa incluso de que cierre sus operaciones, si es que es una proveedora del gobierno. Actualmente tenemos autodenuncias de empresas que encuentran corrupción entre sus empleados, pero desgraciadamente no tenemos esquemas que nos permitan trabajar juntos. Por ello, las empresas serias, que tienen prestigio, van a encontrar en este nuevo mecanismo una forma de mejorar el combate a la corrupción.

En contraparte, las empresas “de papel” y que participan en licitaciones públicas, que sólo sirven para aumentar precios o simular que son empresas distintas, encontrarán en las multas sanciones fuertes, que no son sólo de inhabilitación. En el caso de éstas, como la inhabilitación no les causa ningún castigo, las autoridades nos podríamos ir incluso contra los bienes de la compañía.

Hay una investigación en una Corte estadounidense por el caso de sobornos que otorgó a funcionarios la empresa transnacional ABB para ser beneficiada con contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Supimos que la Secretaría de la Función Pública no podía hacer nada. ¿Qué pasará ahora con estas nuevas modificaciones a la ley?

Ahora nos permite entrar por oficio o por investigación. Lo que nos permite es tener mecanismos para recibir este tipo de denuncias en México, porque ahorita no tenemos un esquema para recibir este tipo de denuncias en el país y poderlas procesar sin que nos pongamos en un callejón sin salida. Pero nosotros sí investigamos, ampliamos más las pesquisas. Estamos investigando los patrimonios de los servidores públicos y los contratos, pero como la denuncia se presentó allá, en Estados Unidos, estamos esperamos que el procedimiento termine allá por los convenios que tenemos con ese país. La nueva ley contempla sanciones para las empresas que cometan actos de corrupción en el extranjero. Nos permite abrir este abanico con esta nueva ley. El caso de la CFE es una investigación muy grande. Las investigaciones en la Comisión Federal de Electricidad han sido ampliadas a más funcionarios.

¿No se siente rebasada la Secretaría de la Función Pública debido a que tiene poco personal para investigar comparado con todos los estados que debería visitar para corroborar que ciertas empresas sí existen?

Nosotros tuvimos un gran avance con los cambios que propusimos en las leyes recientemente en el Congreso de la Unión y que fueron aceptadas casi todas, desde la Ley de Obra Pública, la de Adquisiciones, de Contratos, de Compras y de Regulaciones, para simplificar el gobierno. Permite a todos tener las reglas claras. Impide actos de corrupción o por lo menos los desalienta. Además, en los años anteriores se armaban pocos expedientes contra servidores públicos para sancionarlos penalmente. Antes, el promedio era de 25 a 30 personas por año. Ahora se incrementó a mil 778 personas denunciadas penalmente, entre ellas, muchos empresarios que estaban coludidos y que habían participado en actos de corrupción. Contamos con una Unidad de Investigación que se está replicando en todos los órganos internos de control.

El diputado federal Pablo Escudero criticó a la SFP por la investigación sobre los buques de Pemex, al señalar que era un tema viejo y que la dependencia no hizo nada cuando pudo hacerlo para evitar que se fugaran los funcionarios.

Son casos complejos. Es uno que tenía muchos años abierto. Los funcionarios hicieron uso de todos los plazos legales durante dos años. Hay que dejar en claro que estamos haciendo nuestro trabajo con seriedad. No estamos tomando ningún caso como político. Ni perdonamos a nadie ni perseguimos a nadie por una cuestión política.

¿Sobre la mala percepción que hay de los mexicanos por la corrupción, luego de los resultados del reporte de Transparencia Internacional, qué necesita hacer el gobierno federal para revertirla?

En el tema de la corrupción, esa medición nos mide a todos. Sí es un tema que tiene que ver con todos. México subió dos puntos en la percepción de la corrupción, no nos gusta, pero ya empezamos a ver que el ciudadano sí responde ante el trabajo de la Función Pública para combatir la corrupción. Ahora, con el Bicentenario, leyendo crónicas de la Colonia vez prácticas de venta de plazas exactamente iguales en aquél entonces. Lo que tenemos que hacer es, si es un problema tan añejo, darle resultados al ciudadano.

Pareciera que en este sexenio hubiera esquizofrenia al querer desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y luego darle más facultades para combatir a la corrupción.

El tema de la desaparición obedecía a una circunstancia de crisis, el asunto no prosperó, no era dejar de hacer lo que hacía la secretaría, era crear una contraloría especializada en temas de corrupción. Estábamos en el contexto de la crisis, había que hacer ahorros. Finalmente esto no prospera. Al final hicimos ahorros. El gobierno debe gastar menos y lo logramos haciendo nuestros propios recortes. Entonces, lo que hacemos ahora es enfocándonos en temas principales: combate a la corrupción y eficiencia del gobierno.

Me parece que hay una confusión entre el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación con lo que hace la Secretaría de la Función Pública. Son cosas distintas. ¿Qué otras facultades le gustaría tener?

Bueno, facultades más amplias para la investigación pudiera ser muy bueno; para requerir información de manera distinta, esos son temas que nos allegan más cosas. En el resto también nosotros tenemos que ser cuidadosos, el gobierno debe tener un autocontrol. Tan sería muy malo tener facultades que pudieran vulnerar los derechos de otros, como sería muy malo no tener un autocontrol en el gobierno. Eso sería terrible.

Sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, un diputado dijo que le tenía miedo a la Función Pública ante la posible aprobación del artículo que no permitiría declarar inexistencia en los documentos.

En realidad no nos preocupa el tema de no poder cumplir. Queremos ser respetuosos de lo que decida el Congreso… Y tendríamos que hacer un esfuerzo por cumplir.

Entonces, sobre las inexistencias…

No quisiera entrar a la discusión. Es el Congreso de la Unión el que tiene que decidir. En este asunto queremos después asegurarnos de que se cumpla esta ley.

María Marván, del IFAI, dice que los funcionarios siguen con la cultura de no entregar documentos y que son flojos para entregarlos.

Primero tiene que ver con la organización de las cosas. La propia secretaría, si nos piden información, revisamos archivos y no encontramos nada, tenemos que consultar a más de 200 órganos de control, lo cual resulta difícil cumplir con el plazo. Además, hay que tomar en cuenta el tamaño del gobierno. Cuando te piden algo, no es abrir un cajón y decir “ahí está” todo o no está. El tamaño del gobierno es muy grande. El sistema de Transparencia es grande, tuvimos que organizar al gobierno y lo que está sucediendo es que estamos reorganizando. Estamos viendo los archivos a fondo. Insisto, no es un asunto de sólo abrir un cajón. Hay que buscar en muchas dependencias y si 98% de los casos está bien resuelto, estamos hablando de excepciones. Pero una Ley de Archivos nos evitaría además muchos diferendos y nos ayudaría para conocer y resguardar todos los archivos que tenemos.