México.- Las declaraciones del ex jefe de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México, Darren Gil, quien reveló que le ordenaron no informar al gobierno mexicano sobre la operación encubierta Rápido y furioso, que puso en manos de las organizaciones criminales mexicanas unas dos mil armas, motivaron que el gobierno mexicano urgiera a Washington a concluir la investigación que realiza con respecto a ese operativo.

Tras conocerse las revelaciones de Gil, quien trabajaba en la embajada de Estados Unidos en México, la Procuraduría General de la República (PGR) expresó “su seria preocupación por las afirmaciones sobre supuestos actos ilícitos en el marco de dicho operativo”.

Gil dijo a la cadena estadounidense CBS que en la embajada de Estados Unidos en México conocían desde 2010 sobre el desarrollo de la operación Rápido y furioso, y la orden directa que recibieron desde Washington fue la de no informar a las autoridades de nuestro país que se estaba tolerando el paso de miles de armas. Además aseguró que su supervisor directo en Washington le hizo saber de la operación, que implicaba el tráfico vigilado de armamento, y que las máximas autoridades de la ATF habían autorizado dicho plan.

“En relación con las nuevas afirmaciones dadas a conocer por medios de comunicación estadounidenses y mexicanos, así como por el Centro para la Integridad Pública, sobre la operación denominada Rápido y furioso, conducida por la ATF, el gobierno de México ratifica su seria preocupación por las afirmaciones sobre supuestos actos ilícitos en el marco de dicho operativo”, expuso ayer la Procuraduría en un comunicado.

La dependencia mexicana subrayó “la importancia de que dicha investigación se realice con la mayor celeridad posible, a fin de que se esclarezcan los hechos”.

La PGR añadió que en función de los resultados de las investigaciones, Estados Unidos “deberá sancionar con todo el peso de la ley a quien o quienes pudiesen resultar responsables de la comisión de ilícitos”.

La dependencia reiteró que el gobierno mexicano no fue informado de ningún operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a México y que esta práctica no está autorizada bajo la legislación nacional, por lo que una operación que lo contemplara no hubiera sido aceptable para el gobierno de México, ni lo será, bajo ninguna circunstancia.

“El gobierno de México reitera su demanda a las autoridades de Estados Unidos para que detengan el flujo ilegal de armas hacia nuestro país, ya que precisamente este recurso facilita la violencia generada por las organizaciones criminales”, dijo la Procuraduría General de la República.

El gobierno de Estados Unidos no ha realizado ningún comentario sobre las declaraciones de Gil.