Washington, DC.- La Suprema Corte decidirá mañana martes si procede la demanda por discriminación de género que fue interpuesta por un millón y medio de mujeres empleadas contra Wal-Mart.

En su demanda coletiva, las trabajadoras reclaman que la cadena de supermercados más grande y la mayor empleadora, les debe millones de dólares porque no fueron tratadas justamente en términos de salarios y promoción en el empleo.

La Suprema Corte aún no considera por el momento si Wal-Mart discriminó a las mujeres que trabajan ahí. Por el momento, los jueces se cuestionarán sólo si cientos de miles de mujeres tienen lo suficiente en común como para unirse en una única demanda legal.

El máximo tribunal tendrá que decidir qué papel debería jugar la investigación en ciencias sociales para la determinación si el prejuicio implícito es responsable por los salarios más bajos y la menor representación de las mujeres en Wal-Mart.

Tanto los demandantes como Wal-Mart recurrieron al testimonio del profesor de Sociología en la Universidad de Illinois, William Bielby.

En una corte menor, Bielby dijo que ha recolectado “evidencia científica sobre prejuicio de género, estereotipos y otras estructuras y dinámicas de la inequidad de género en las organizaciones”.

Concluyó que dos aspectos de la cultura corporativa de Wal-Mart pueden ser imputadas a la disparidad de paga y en la representatividad de las mujeres en puestos más altos.

Primero la política de personal centralizada y en segundo término el permitir que gerentes en el campo de trabajo tomen decisiones subjetivas.

Según especialistas, un artículo en la publicación sobre temas jurídicos en The Fordham Review de 2009, ubicó el debate en “la existencia del prejuicio inconsciente e implícito y la continua gravedad de la discriminación como una fuerza en el lugar de trabajo moderno.

Así como en “el alcance apropiado de remedios legales para retar la discriminación”.

Las demandantes presentaron 120 declaraciones juradas que describieron como “evidencia anecdótica de discriminación” y estadísticas que muestran brechas en salarios y promociones laborales entre hombres y mujeres.

En tanto, la cadena de supermercados disputa la representatividad y confiabilidad de dicha evidencia.

La Suprema Corte requiere que los abogados de las demandantes identifiquen una política laboral común que condujo a la discriminación ilegal.