México.- Grupos humanitarios denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las política de seguridad implementada por el presidente Felipe Calderón en México tiene un enfoque autoritario y represivo.

Marie Claire Acosta, miembro del Consejo Directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa como peticionaria, dijo que la política de seguridad aplicada en México desde 2006 “arroja pocos resultados e incrementa la violencia y el crimen”.

Por lo tanto, el Cejil y otras 18 organizaciones mexicanas solicitaron a la CIDH una visita de evaluación a México para que emita un informe en el que se pronuncie sobre cómo el Estado mexicano adelanta el tema de seguridad y emita recomendaciones.

Desde que asumió el poder en 2006, Calderón lanzó un combate militarizado a los cárteles del narcotráfico que ha dejado al menos 35 mil muertos.

El subsecretario mexicano de asuntos jurídicos y de derechos humanos Felipe de Jesús Zamora Castro respondió a nombre del Estado que “siempre se dan prioridad a los derechos humanos, tanto de la población como de los propios servidores públicos” .

Monte Alejandro Rubido, subsecretario de prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, agregó que “habría que ver qué efectos han tenido esas quejas porque no podemos soslayar que en algunos casos puedan ser estrategia de grupos delincuenciales”.

“Los datos demuestran que vamos en camino correcto. Seguirá siendo cruenta la lucha, pero no había otra alternativa”, agregó.

Carlos Zazueta, del grupo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, dijo que como consecuencia de la política de seguridad han aumentado los crímenes en los nueve estados fronterizos con Estados Unidos, donde se han reportado al menos 200 desapariciones forzadas en los últimos tres años.

“Las autoridades simulan investigar, pero no suelen pasar de algunas actuaciones y alegan que (las desapariciones) son daño colateral o que estaban vinculados al crimen organizado, como si eso supone que no hay obligación de investigar” , indicó.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha documentado en varios presuntos abusos de militares que participan en acciones contra el narcotráfico, que incluyen violaciones sexuales y torturas.