Phoenix, EU.- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pedirá a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desechar un dictamen judicial, que mantiene suspendidas desde hace más de un año las cuatro partes más controversiales de la ley antiinmigrante SB 1070.

La solicitud de la gobernadora pondrá a la SB 1070 a consideración del máximo tribunal judicial, que podría decidir en definitiva la suerte de la que es considerada la ley estatal más estricta contra la inmigración indocumentada.

Desde un inicio se había pronosticado que el controversial estatuto recorrería todo el camino legal hasta llegar a la Suprema Corte, ante las férreas posturas de quienes defienden la ley y de quienes la consideran anticonstitucional.

“Siempre he sabido que esta batalla legal seria larga; pero ahora que este es el camino que hemos escogido, tengo confianza en que Arizona prevalecerá”, indicó Brewer este lunes en un comunicado.

El gobierno de Arizona apela al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito en San Francisco rechazó en abril pasado su petición de levantar la suspensión a las más importantes previsiones de la ley.

Cuatro partes clave de la SB 1070 fueron suspendidas con carácter temporal por la magistrada federal Susan Bolton un día antes de que el estatuto entrara en vigor el 29 de julio pasado, para analizar los méritos de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Quedó en suspenso la obligación de las policías locales de verificar el estatus migratorio de las personas que detienen y tengan sospechas de que se encuentren sin documentos en el país.

También está suspendida la obligación de todo extranjero en Arizona a traer consigo siempre su visa o autorización gubernamental para circular por territorio estadunidense.

La Corte Federal de Apelaciones rechazó el pasado 11 de abril levantar la suspensión impuesta por Bolton, al considerar probable que proceda la demanda del gobierno federal y que se demuestre que el estatuto es anticonstitucional.

La demanda del Departamento de Justicia, la más sólida de las que se interpusieron contra la SB 1070, argumenta que la ley de Arizona viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia, así como la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones con México.

La demanda sostiene que el Congreso ha dado autoridad única al gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración, un argumento que de ser respaldado por la Suprema Corte afectaría a las leyes antiinmigrantes de otros estados.

Brewer explicó en el comunicado que al apelar a la Suprema Corte de Justicia en lugar de regresar a la Corte de Apelaciones, “existe una mayor posibilidad de que los cuestionamientos alrededor de la SB 1070 sean resueltos rápidamente de forma que la ley pueda comenzar a hacer su trabajo”.

El estado de Arizona tiene hasta el próximo 11 de julio para interponer ante la Suprema Corte su petición oficial de revisión de la ley y sería probablemente hasta finales de septiembre u octubre que el máximo tribunal anunciará si analiza o no el caso.