Cadereyta, NL.- El escándalo y las irregularidades cometidas por la administración del municipio de Cadereyta relacionadas con el desarrollo urbano, podrían costarle caro al alcalde, Eduardo Javier de la Garza, luego de que esta semana sería planteada ante el Congreso del Estado la posibilidad de un juicio político en su contra.

El regidor panista Hugo Meléndez declaró que este jueves se reunirán con el coordinador de diputados locales del PAN, Hernán Salinas, y la diputada Carmen Peña, para tratar este asunto, luego de descubrir anomalías cometidas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

“Tenemos programado reunirnos con el diputado Hernán Salinas y la diputada Carmen Peña, que es a la que le toca este distrito y empezar a ver este asunto. Así es sobre ese asunto (del juicio político), no lo queremos soltar”.

¿El tema principal es ver el asunto del juicio político?

“Exactamente, que sería a raíz precisamente de lo que está pasando en Desarrollo Urbano, y pues ya desencadena todo lo que traemos arrastrando”, dijo.

La petición de juicio político es también motivada por la renuencia del alcalde a dar información a los regidores y a los medios de comunicación, a pesar de que la ley lo obliga a ello.

Desde la semana pasada MILENIO Monterrey ha buscado en tres ocasiones entrevistar al alcalde, acudiendo a su despacho y en decenas de ocasiones vía teléfono, pero no ha respondido.

Este medio lo busca en razón de que la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda denunció que la administración municipal les niega permisos para la construcción de fraccionamientos, sin motivo aparente.

El propio regidor no sólo confirmó eso, sino que aclara que a ellos, por ser regidores de oposición, tampoco les dan información.

“Nada, ellos están muy herméticos, nos ven y como que apestamos, realmente”, declaró.

Trascendió que no sólo a los medios de comunicación y al Cabildo el alcalde De la Garza les ha negado información, sino que también al Gobierno del Estado.

Otra anomalía que se presenta con relación al tema del desarrollo urbano, lo encabezan tres funcionarios municipales, quienes debieron ser sancionados por el alcalde.

Lo anterior, luego de que durante la administración 2003-2006, en la que también colaboraron, la citada autoridad construyó un puente que daba acceso a un nuevo fraccionamiento, cuya obra debió correr a cargo de la empresa que hizo el desarrollo habitacional.

Siendo alcalde el priista Francisco Lozano se detectó que la administración municipal invirtió alrededor de 900 mil pesos en la construcción de un puente que cruza un arroyo, y que sirvió como acceso al fraccionamiento La Capilla, pero que esa obra era competencia del particular que edificó las viviendas.

Los funcionarios involucrados son Jorge Balderas, Rafael Ruiz y Cosme Leal, a quienes el Congreso del Estado ordenó los sancionara el alcalde en turno, pero hizo caso omiso.

Por otro lado, Hugo Meléndez comentó que el Ayuntamiento comenzó a aceptar algunos dictámenes derivados de solicitudes ciudadanas de cambio de uso de suelo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pero sólo con la intención de “taparle el ojo al macho”.