Bogotá.- Los colombianos, con las imágenes aún frescas de los rostros de cuatro uniformados ejecutados por las FARC tras más de una década de cautiverio, vuelven el martes a las calles demandando la liberación de todos los secuestrados y en contra de las guerrillas.

Se prevé que las marchas se realicen en distintas localidades del país a partir de las 10am (1500GMT) y en Bogotá finalicen con una concentración en la Plaza de Bolívar al mediodía.

La manifestación fue convocada por distintos grupos de familiares de secuestrados, activistas y a lo que se sumó con firme apoyo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el respaldo clave de los medios de comunicación.

Desde la víspera lo se transmiten constantes mensajes de radio y televisión invitando a las calles bajo la consigna “Libérenlos ya”. Los principales diarios hicieron en la jornada invitaciones similares como por ejemplo el periódico El Espectador que dejó en blanco su primera plana y sólo imprimió la consigna “Los queremos libre YA”.

La idea de las marchas surgió al calor de los informes conocidos el pasado 26 de noviembre, cuando las autoridades reportaron que tres policías y un militar que tenían más de una década cautivos por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron ejecutados ese día en una zona del sur del país por los guerrilleros con tiros en la cabeza o por la espalda debido a que se encontraron con tropas el Ejército.

Las imágenes de pruebas de supervivencia de los cuatro uniformados, enviadas por los rebeldes entre 2009 y 2010 y las últimas conocidas de ellos con vida, fueron incesantemente mostradas por los medios y en las que se los ve sentados, con camisas viejas y algunos mostrando en sus rostros abultadas bolsas bajos los ojos, calvos y pálidos mostrando los efectos del largo cautiverio en la selva.

Y el efecto e dolor y rabia de esas imágenes y las muestras de impotencia de los parientes de la uniformados muertos fue semejante al de fines del 2007 cuando se conocieron fotos y videos de sobrevivencia de políticos que estaban entonces en poder de las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien finalmente fue rescatada junto a otras 14 personas por el Ejército en julio del 2008.

Convocados entonces en redes sociales e igualmente con el apoyo del gobierno y los medios, miles de colombianos salieron a marchar en contra del secuestro y las FARC el 4 de febrero del 2008.

Tanto ahora como entonces, miembros de sindicatos, de la iglesia y sectores estudiantiles dijeron que sus miembros marcharán.

Pero más allá “del valor agregado de un gesto de sensibilidad de la sociedad” colombiana, que las marchas provoquen que los grupos armados ilegales “los vayan a liberar, va a ser difícil”, dijo en diálogo telefónico Ariel Avila, analista de la Corporación Nuevo Arco Iris, dedicada al estudio del conflicto interno.

“Los inconvenientes que hay no se van a mover con la marcha”, agregó Avila al referirse que gobierno y guerrillera se encuentran firmes en sus respectivas posiciones: para entregar a los cautivos los rebeldes demandan un “canje” o intercambio de secuestrados por guerrilleros en prisión, mientras las autoridades exigen la liberación unilateral de los secuestrados.

De acuerdo con el grupo no gubernamental País Libre, el número de denuncias de secuestros aumentó 35% en el primer semestre del 2011 comparando con igual período del 2010: De 131 denuncias durante el 2010, se pasó a 177, según sus datos más recientes.

Pero según datos de la Policía Nacional Antisecuestro los casos se han reducido pasando de 282 el año pasado a 255 en lo que va de 2011 hasta noviembre pasado. De esos 255 casos, la mayor parte, o 145, fueron obra de la delincuencia común, 72 fueron atribuidos a las FARC, 30 al también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ocho a paramilitares, según la Policía.

De ese total de casos, en cautiverio siguen al menos 32 personas, entre ellas 12 uniformados, de acuerdo con la Policía.

Entre esos ocho policías y cuatro militares –todos en manos de las FARC desde hace al menos 10 años– se incluye a un agente policial a quien ya ex secuestrados políticos y uniformados han dado por muerto, pero que las autoridades afirman que mientras no tengan sus restos seguirán incluyendo en sus datos.