México.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que otorgaría al Congreso facultades para emitir leyes generales contra el secuestro y el crimen organizado, lo que representa un paso adelante en la coordinación de esfuerzos para atacar este flagelo de la sociedad.

El presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, planteó que el dictamen aprobado será turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, y una vez revisado por esa instancia, pasaría al pleno para su votación.

La Cámara de Diputados enviaría la reforma al Senado y, en su caso, de Xicoténcatl sería remitido a los Congresos de los estados.

Con 16 Legislaturas que la aprueben, entraría en vigor, posiblemente en mes y medio, esto es a fines de enero.

Esta reforma modifica la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, precepto que puntualiza las facultades del poder Legislativo federal, en la cual se establecería que el Congreso puede expedir las leyes generales en materia de delincuencia organizada y de secuestro.

La representación del PRD en la comisión abandonó los trabajos, tras considerar el diputado Andrés Lozano que no hubo posibilidad de un debate serio, que hubiera requerido de unas horas de discusión.

El priista Camacho Quiroz, después de la reunión, dio su punto de vista sobre la salida de los perredistas, antes de que se votara la aprobación del dictamen.

“El PRD tiene otros intereses qué cuidar, y ha utilizado la discusión (de esta noche) como pretexto”.

De hecho, agregó, el PRD ha sido escuchado en la elaboración del dictamen, que como ocurre a todos los partidos, sus propuestas están parcialmente incorporadas”.

Una vez que la Cámara de Diputados apruebe la reforma Constitucional, ésta pasará al Senado y, en su caso, a los Congresos de los estados, y será aplicable una vez que la voten 16 legislaturas, lo que podría ocurrir entre la segunda quincena de diciembre y el mes de enero próximo, estimó Camacho Quiroz.

Dijo que una Ley General de Secuestro serviría para coordinar las acciones de 33 instancias que persiguen los delitos de secuestro y crimen organizado, actualmente por su lado, circunstancia que beneficia a los delincuentes, en perjuicio de la sociedad.