Monclova, Coah.- Literalmente, la guarnición militar de Monclova fue colocada contra el “paredón” por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional que investigue y finque responsabilidades contra militares que entre el 5 y 7 de septiembre del año pasado, omitieron vigilar la carga de 25 toneladas de explosivos que detonaron en Celemania dejando un saldo de 28 muertos y alrededor de 150 heridos.

La CNDH que preside José Luis Soberanes Fernández, denunció que en aquella ocasión los militares no acudieron a las instalaciones de la empresa Explosivos Mexicanos Orica para vigilar la carga de explosivos, y verificar que la documentación de permisos estuviera en regla, por lo que considera que se violaron derechos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de habitantes de Nadadores.

Asimismo, que las autoridades militares locales no expiden formalmente los permisos de transporte de explosivos, ya que solamente sellan las solicitudes a las líneas transportistas.

Ante este escenario surge la interrogante; ¿procederán las autoridades militares a cumplir las recomendaciones de la CNDH, y fincar posibles responsabilidades contra los soldados que incurrieron en omisiones?.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que la Secretaría de la Defensa tiene plazo de 15 días para contestar si acaso cumplirá con las recomendaciones, y añade que el 14 de septiembre del 2007, justamente una semana después de la tragedia, abrió de oficio la investigación de la explosión luego de enterarse a través de medios nacionales impresos y electrónicos. El ombudsman José Luis Soberanes Fernández luego de estudiar el caso durante un año y dos meses y medio, formuló las siguientes recomendaciones al General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional.

La noticia de la tragedia conmocionó a Coahuila y la historia surgió el 9 de septiembre de 2007, a las 7 de la tarde cuando el tractocamión, marca “International”, modelo 2007, con placas 148DZ2 acoplado al semi remolque marca Hyundai, modelo 2007, con placas 223WD7, de Fletes y Traspaleos, S. A. de C. V., conducido por José Alberto Borrego González y su acompañante José Rosales Contreras, ingresó a Explosivos Mexicanos Orica, donde fue cargado con mil sacos de 25 kilogramos cada uno, es decir, un total de 25 toneladas de material explosivo denominado ANFO (Amonio-Nitrato-Aceite o Diesel), para lo cual contaba con la orden de compra 14887 y venta número 16248 del 5 de julio de 2007.

La CNDH, dice que el tractocamión salió de ese lugar a las 19:40 horas rumbo a Coquimaltán, Colima, sin que personal militar se hubiera trasladado a la empresa para supervisar las condiciones del vehículo donde se transportaría el material explosivo, y verificar que fuera uno de los considerados en el permiso general número 81, y coincidiera con el autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a las placas expedidas al efecto.

Pero sobre todo, añade la CNDH, “para supervisar que el tipo de explosivo y la cantidad del producto con que se cargó el camión correspondiera efectivamente al autorizado a la empresa Explosivos Mexicanos Orica, S.A. de C.V. y que es importante enfatizar que desde el 7 de septiembre de 2007 esa empresa remitió a la vigésima y sexta zonas militares la orden de embarque, la cual contenía la descripción del material explosivo a transportar, en cantidad y calidad, el horario de salida y del arribo aproximado a su destino; así como el itinerario o ruta de viaje”.

Aproximadamente 15 minutos después de haber salido, el tractocamión de esa empresa, a la altura del kilómetro 37 más 300 de la Carretera 30, fue impactado por una camioneta Ford Lobo, provocándose un incendio por combustión del diesel que contenía el tractocamión, lo que condicionó que la carga explotara 20 minutos después del accidente vehicular, produciendo una onda expansiva de 10 hectáreas, y ocasionando la muerte de 28 personas, lesiones a más de 131, y daños materiales a 55 vehículos.

Cabe destacar, dice el informe de Soberanes Fernández que la Sedena no estableció la obligación para Explosivos Mexicanos Orica, S.A. de C.V. respecto de dar aviso sobre el traslado de material explosivo.

Añade que la Sedena deja al arbitrio de las empresas expendedoras, transportistas y consumidoras de material peligroso, el manejo y control de estos productos, incrementando riesgos de accidentes, quedando expuesta la población civil; además, ante la falta de esta supervisión y control, se limitan las acciones de reacción y rescate, tal como sucedió en el caso del Ejido Celemania.

Apunta que el material explosivo no fue supervisado por un inspector militar, además de que la empresa no observó las máximas medidas de seguridad durante el transporte de material explosivo, con la agravante de que el movimiento se hacía de noche.

“La Sedena sí estaba informada que se realizaría el traslado del material explosivo, y por ello otorgó su autorización al respecto, por lo que no puede aducir que se vio impedida para realizar la supervisión del material explosivo; y no puede afirmar que la empresa transportista no observó las máximas medidas de seguridad ya que el personal militar no supervisó el embarque del producto”, agrega Soberanes Fernández.

Recalcó que la Secretaría de la Defensa Nacional sí tuvo conocimiento desde el 7 de septiembre de 2007, que el 9 de ese mismo mes sería transportado un cargamento de 25 toneladas de material explosivo en una unidad propiedad de la empresa Fletes y Traspaleos, S.A. de C.V., y que saldría de las instalaciones de la empresa Explosivos Mexicanos Orica, S.A. de C.V. en Monclova, Coahuila, con destino a Coquimaltán, Colima, aproximadamente a las 21 horas.

“La Secretaría fue omisa en el ejercicio de sus facultades de control y vigilancia, ya que en ningún momento personal de esa Secretaría se constituyó en las instalaciones de la empresa Explosivos Mexicanos Orica para supervisar que la cantidad y el tipo del producto explosivo a transportar, correspondiera al autorizado, que el vehículo contara con las medidas de seguridad indispensables para el traslado”, subraya el titular de la CNDH.

Insiste; “es claro que la Sedena fue omisa en su obligación de establecer mecanismos de control, supervisión y vigilancia en materia de trasporte de material explosivo, circunstancias que incrementan el riesgo de accidentes”.

“El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional adscrito a la 6/a Zona Militar, dejó de cumplir con obligaciones que tiene encomendadas para supervisión y control del material explosivo, ya que a pesar de reconocer que tuvo conocimiento de la transporta-ción del material desde el 7 de septiembre de 2007, mediante la solicitud de traslado realizada por Explosivos Mexicanos Orica, no realizó la verificación de las condiciones”, destaca el informe que se emitio.

Concluye: “Los servidores públicos de la Sedena, muy probablemente incurrieron en conductas irregulares al incumplir las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público que tienen encomendado en forma exclusiva, tal y como lo señalan los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana”.