Washington, E.U.- “No queremos perder tiempo. Queremos declararnos culpables”. Con esta declaración, el presunto cerebro de los atentados terroristas del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed, y sus cuatro correligionarios, sorprendían ayer por la mañana al tribunal militar que los juzga en Guantánamo y que se ha visto obligado a declarar un receso mientras revisaba el estado de salud de quienes han proclamado a los cuatro vientos su culpabilidad para allanar así —aparentemente— el camino a una ejecución que les convertiría en mártires de la causa.

“Los cinco hemos llegado a un acuerdo para pedir a la comisión una inmediata audiencia para anunciar nuestras confesiones. Con nuestro más serio deseo en esta consideración, sin estar bajo ninguna clase de presión, amenaza, intimidación o promesa de cualquier parte”, aseguraron los cinco detenidos en una nota que ayer mismo el juez, Stephen Henley, se veía obligado a revisar y poner en cuarentena mientras ordenaba un receso para determinar si, acaso, los cinco acusados están en cabal uso de sus facultades para aferrarse a una culpabilidad que se parece más a un recurso procesal que a un acto de locura.

Además de Mohammed, están acusados Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi.

Nada más trascender la intención de los cinco en declarar unilateralmente su culpabilidad para enfrentar la muerte, analistas legales coincidieron en señalar que el súbito interés en declarar su culpabilidad por los atentados terroristas podría no tener ninguna consecuencia en el corto plazo ya que el proceso aún tendría que pasar por varias apelaciones automáticas que alargarían el proceso durante varios años.

De hecho, el juez Henley ha advertido que no aceptará ninguna declaración de culpabilidad en las audiencias previstas de esta semana, mientras que la organización Human Rights Watch (HRW) emitía un comunicado para considerar que “el juez deberá pedir una investigación completa y profunda para determinar si esta (decisión de declararse culpable) es voluntaria”.

“Lo que debió ser una gran victoria en la batalla para que los acusados del 11 de septiembre rindieran cuentas por crímenes horribles, ha sido opacado por la tortura y un proceso injusto en los tribunales militares”, denunció HRW mientras el juez y los fiscales que han llevado el caso intentaban evitar a toda costa la declaración colectiva de culpabilidad de los cinco detenidos que están acusados de 2 mil 973 cargos de asesinato —uno por cada una de las víctimas de los atentados—, y se enfrentan a una sentencia de pena de muerte.

Precisamente, en una jornada de noticias cambiantes, el principal sospechoso de los atentados Sheik Mohamed, anunciaba su intención de aplazar su declaración de culpabilidad hasta tener la certeza que los cinco detenidos actúan de forma colectiva.

“Querría retirar o aplazar mi decisión (de declararme culpable) hasta que se tome una decisión sobre nuestros otros hermanos Binalshibh y al-Hawsawi”, le dijo Sheikh Mohamed al juez, el coronel Henley.

“Yo también… Me gustaría postergar la decisión hasta que el juez tome una decisión sobre mis hermanos”, afirmó Walid bin Attash.

La actuación conjunta de los acusados fue rechazada, sin embargo, por el juez que instó a que todos los acusados respondieran de forma individual. Por el momento, el juez sólo ha autorizado a tres de ellos a retirar sus recursos y declararse culpables, mientras rechazó los de otros dos (Ramzi Binalshibh y Mustafá al-Hawsawi) porque su estado mental “ofrecía dudas”.

El futuro del proceso contra ellos está en el aire, ya que el presidente electo, Barack Obama, rechaza los tribunales antiterroristas creados por la administración de George W. Bush en la base naval estadounidense en Cuba, que funcionan con reglas especiales que favorecen a la fiscalía.

Obama, quien asumirá la Presidencia de EU el 20 de enero, prometió cerrar Guantánamo y juzgar a los detenidos en cortes federales o militares ordinarias.
Henley encargó a los abogados de los dos lados presentarle hasta el 5 de enero sus argumentos sobre si las normas especiales de los tribunales le permiten aceptar una declaración de culpabilidad en un juicio en el que la fiscalía ha pedido la pena de muerte.