Saltillo.-En la calle podría quedar una familia luego de que un prestamista llevara a cabo una acción legal para apoderarse de su casa, al reclamar un adeudo de más de 800 mil pesos, cuando el monto del préstamo solicitado apenas supera los 113 mil pesos.

En 2006 Eleazar Lozano Guevara pidió dinero al prestamista Feliciano López Bocanegra, deuda que sumó los 117 mil 500 pesos.

Meses más tarde comenzó a ser hostigado por parte del acreedor, quien reclamaba su pago, por lo que tuvo que dejarle a cuenta una camioneta Ford Lobo 2006, la cual la tomaría supuestamente por el valor de 60 mil pesos que quedarían descontados de su cuenta, cosa que no sucedió, y contrario a esto la deuda se incrementó.

Por cuestiones personales Eleazar Lozano abandonó el país para seguir trabajando, y el ahora cobrador comenzó a sacar ventaja de la situación.

“Es gente que trabaja así, te dan el dinero y te dicen ‘sí, no hay problema, no te preocupes’, y le dan largas, hasta que de repente llegan y te quitan las cosas. Es un abuso, yo acepto mi deuda, pero no es por más de 800 mil pesos como dicen, me quieren quitar la casa, ¿dónde voy a vivir con mi familia?, nada más lo justo, eso es lo que queremos”, comentó.

El problema fue que al llevar a cabo acciones legales en su contra, Feliciano López consiguió que el juez segundo mercantil Reynario Padilla Valdés, aprobara 10% de interés mensual de la deuda, por lo que el monto creció de manera considerable, además de que le fue despojado 50% de propiedad en un terreno en la colonia Miravalle y la casa en la que reside.

Todo este embrollo presenta una serie de anomalías realizadas por la parte acusadora, ya que en el juicio presentaron documentos que no cumplían con los requerimientos para ser aceptados, por lo que hicieron un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata, para que analice el caso y se haga justicia.

“En el expediente está que cuando se hizo el juicio lo de los pagarés no cubrieron los requerimientos, no están llenados, no está anotado el interés, los cheques que recabaron del banco es uno por 3 mil pesos y otro por mil 500 pesos, esas fueron las pruebas que dio, entonces dejaron pasar tiempo, luego llegan y dicen que es un juicio, esas fueron las pruebas que presentó, y está demandando la suerte principal por 117 mil pesos más los gastos e intereses legales que a este tiempo viene siendo el 6% anual, y el juez le autorizó 10% mensual, es una locura, viene siendo 120 anual, ¿quién se los va a cubrir?, ni los bancos cobran a ese grado”, comentó Diana Isabel Pérez.

“Desde un principio hay muchas irregularidades en el juicio, ellos hicieron lo que quisieron, no se nos fue notificado; mi esposo tenía un abogado que después ya no se hizo cargo del caso, él no fue ni notificó que había dejado el caso, entonces las notificaciones estuvieron llegando a su casa, a nosotros nunca nos llegaron hasta que vinieron aquí a mi domicilio a hacerme la notificación de que la casa estaba embargada”, agregó.

Debido a este abuso, la familia Lozano Pérez ha denunciado ante los medios de comunicación dicha injusticia.