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Rechazan procuradores se lleven secuestros al fuero federal

  Por Infonor

Publicado el viernes, 12 de diciembre del 2008 a las 05:57


La propuesta que llevaron los legisladores federales no es como lo propusieron los funcionarios

Saltillo, Coah.- Los procuradores de justicia de los estados propusieron que la Ley antisecuestro que se discute en la Cámara de Diputados sea un marco de procedimientos especiales para la investigación y no que estableciera los tipos de secuestro y ni que se le considerara como delito federal, manifestó Jesús Torres Charles.

El Procurador General de Justicia en el Estado de Coahuila, sostuvo que la propuesta que llevaron los legisladores federales no es como lo propusieron los funcionarios responsables de la impartición de la justicia en cada entidad federativa.

“Yo esperaría un régimen de adscripción para la investigación al secuestro, similar al que opera para la delincuencia organizada en donde las autoridades tengan mayor libertad para la investigación y acceso a la información que está restringida, pero además que hayan reglas claras para la coordinación con las autoridades federales”, manifestó.

La ley se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados, pero desde el punto de vista del Procurador de Coahuila, los planteamientos no son del todo satisfactorios porque se piensa, y se puede caer en el error de que “la federación legisla o investiga y va a solucionar los problemas, y ésa no es la solución”.

Sin embargo, Torres Charles dijo que esperarán cómo queda de forma definitiva dicha ley y que se establezcan las propuestas que hicieron los procuradores en torno a la investigación del delito y que se considere el caso como asunto de los estados, homologando o no las sanciones por el mismo.

En Coahuila el caso de secuestro es considerado en el Código Penal como delito sancionado con acumulación de penas o cadena perpetua, cuando se cause la muerte de la víctima, al igual que en los delitos de violación y robo agravado.

Este jueves legisladores locales entregarían la propuesta de reforma constitucional para establecer de nueva cuenta la pena de muerte por el mismo delito, y las autoridades estatales han insistido en que éste sea investigado por las propias autoridades de Coahuila.

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