Saltillo, Coah.- El secretario de la Función Pública, Ismael Ramos Flores, reveló que al estar confirmadas las irregularidades cometidas en cuatro organismos de la Sección 38 del SNTE, por adjudicamiento de obras y ejecución de compras sin los requisitos de ley, ya se integran los expedientes de denuncia que serán presentados a la Procuraduría de Justicia.

Los titulares de los fondos de Pensiones, Vivienda, Seguro del Maestro y Servicio Médico durante la administración de Alejandro Campos García también incurrieron en transferencia de recursos de manera ilegal al sindicato, entre otros hechos presumiblemente constitutivos de delitos.

Una vez completamente integrados los expedientes, la SFP informará a la PGJE para aplicar la sanción penal que corresponda.

“Estamos integrando el expediente para determinar responsabilidades y pasarlo a la Procuraduría, para que inicie la averiguación previa correspondiente y determinar si hay sanción penal que aplicar”, dijo. Una vez integrados los expedientes, la SFP informará a la PGJE para aplicar la sanción penal que corresponda.

OCULTAN INFORMACIÓN

Los titulares de los fondos de Pensiones, Vivienda, Seguro del Maestro y Servicio Médico desde el 2004 se han negado a hacer pública su información financiera y fiscal, no obstante ser organismos descentralizados del Gobierno del Estado, con lo que podrían enfrentar un proceso de separación del cargo o inhabilitación, independientemente de las sanciones de orden civil o penal que procedan.

En estos momentos, la gestión de Alejandro Campos García, ex dirigente de la Sección 38 del Magisterio, es investigada por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas del 2006 y 2007, por un monto cercano a los 362 millones de pesos.

Manuel Gil Navarro, consejero presidente del ICAI, informó que, con fundamento en la nueva ley en la materia, exigirán a los responsables hacer pública la información mínima.

El ordenamiento establecía la obligatoriedad de publicar la información pero no contemplaba sanciones, mientras que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que entró en vigencia el 1 de diciembre pasado, contiene un apartado para sancionar el ocultamiento, alteración o retraso de información no confidencial.

Afirmó que la información de los organismos debe estar disponible en Internet, ya que son entidades públicas descentralizadas.