México, DF.- El Gobierno federal, el Gobierno de Veracruz, organismos no gubernamentales, así como periodistas del país y del mundo condenaron el asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido el sábado en Veracruz.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación manifestó, que la muerte de la corresponsal de la revista “Proceso” constituye un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos. “El Gobierno federal lamenta y condena enérgicamente el asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido ayer en el estado de Veracruz”, expuso.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación establecieron contacto este domingo con los familiares de la periodista, para externarles las condolencias del titular de la dependencia, Alejandro Poiré, y del Gobierno federal. La Segob expresó además que estará pendiente del desarrollo de las indagatorias que realice la autoridad estatal.

“El Gobierno de la República expresa su enérgica condena por estos hechos y reafirma su absoluto compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la libertad de expresión”, advirtió.

También agrupaciones de periodistas de diversos estados del país, organizaciones no gubernamentales (ONG), de defensa de la libertad de expresión y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, condenaron el asesinato de la corresponsal de “Proceso” y exigen a las autoridades el esclarecimiento del crimen.

Representantes de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, que acudieron esta tarde a la manifestación en la Ciudad de México en repudio por el homicidio, exigieron a las autoridades su esclarecimiento y señalaron que este crimen pretende acallar las voces de todos los periodistas. Varios de ellos la recordaron como una periodista comprometida con la verdad.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acordó abrir de oficio una investigación sobre el asesinato. El organismo autónomo nacional destacó en un comunicado, que ve con especial preocupación los agravios a comunicadores, porque esos hechos vulneran el derecho de toda la población a estar debidamente informada.

La institución, a cargo de Raúl Plascencia Villanueva, consideró que el ejercicio libre de expresión consagrado en la Constitución federal es un factor esencial para la vigencia del Estado de derecho y el régimen democrático.

En ese sentido, la CNDH aseveró que permanecerá atenta a la actuación de las autoridades y del proceso de las investigaciones destinadas a esclarecer este crimen, con el que suman 76 homicidios de trabajadores de medios de comunicación de 2000 a la fecha en todo el país.