Ciudad del Vaticano.- El Vaticano anunció hoy el inicio de un proceso judicial contra Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa detenido en posesión de documentos confidenciales y sospechoso de haber desencadenado la crisis denominada “vati-leaks”.

En una declaración oficial el portavoz de la Sede Apostólica, Federico Lombardi, oficializó la identidad del empleado pontificio como la persona arrestada la tarde del miércoles 23 de mayo en posesión ilícita de informes reservados.

Apenas ayer el mismo Lombardi había informado de un arresto sin indicar el nombre del detenido, aunque diversas fuentes del Vaticano apuntaban justamente a uno de los colaboradores más cercanos de Benedicto XVI, miembro de la llamada “familia pontificia”.

En su comunicado de este día el vocero precisó que está concluida la primera fase de “instrucción sumaria”, llevada a cabo bajo la dirección del promotor de justicia (fiscal), Nicola Picardi, y se inició la fase de “instrucción formal” conducida por el juez instructor Piero Antonio Bonnet.

“La fase de instrucción proseguirá hasta que no sea adquirido un cuadro adecuado de la situación objeto de investigación, después el juez instructor dictaminará la puesta en libertad o el envío a juicio”, agregó.

Comunicó además que el imputado ha nombrado a dos abogados de su confianza, habilitados a actuar ante el tribunal vaticano, y tuvo la posibilidad de encontrarlos.

“Ellos podrán asistirlo en las sucesivas fases del procedimiento. El goza de todas las garantías jurídicas previstas en los códigos penales en vigor en el Estado de la Ciudad del Vaticano”, estableció.

Lombardi aclaró que la habitación donde residía Gabriele, junto a su esposa y tres hijos, se encuentra dentro del territorio vaticano (y no fuera, como había trascendido ayer), por ello toda la investigación en curso es de estrecha competencia de los magistrados pontificios.

“En El Vaticano todos los conocen, ciertamente existe estupor y dolor, y gran afecto hacia su familia, que es muy amada. El deseo a la familia es que pueda superar esta prueba”, ponderó.

Mientras tanto, el mayordomo transcurrió su tercera noche en una cámara de seguridad del cuartel de la Gendarmería Vaticana.

Aunque aún no se comprueba, todo indica que Gabriele habría fotocopiado cientos de páginas de documentos reservados en el apartamento del Papa y las habría filtrado a diversos periodistas italianos.

La crisis se desató en enero pasado cuando la prensa italiana publicó una serie de cartas en las cuales se denunció tráfico de influencias, abuso de poder y actos de corrupción en diversas licitaciones para trabajos en el “Estado más pequeño del mundo”.

En los siguientes meses se sucedieron una serie de filtraciones sobre los temas más candentes del actual pontificado, provocando –de hecho- un escándalo bautizado por el mismo vocero Lombardi como el “vati-leaks”.

El capítulo más reciente de esta historia se escribió el sábado pasado con la salida al mercado del libro “Su Santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI”, del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, el cual dio a conocer numerosos reportes confidenciales.

Simultáneamente El Vaticano anunció el establecimiento de una comisión interna para investigar la fuga de noticias compuesta por los cardenales Julián Herranz, miembro de la prelatura apostólica Opus Dei, Joseph Tomko y Salvatore De Gregori.

El análisis de la documentación filtrada llevó a los purpurados y a la Gendarmería Vaticana a enfocar sus sospechas en el círculo más íntimo del obispo de Roma, porque muchos de los escritos que salieron a la luz nunca se movieron del apartamento pontificio.

Por eso fueron interrogadas las personas más cercanas a Benedicto XVI, las que se ocupan de su servicio cotidiano.

Paolo Gabriele habría caído en algunas contradicciones y sus respuestas despertaron perplejidad. Por eso se llevó a cabo una inspección en su casa.

Federico Lombardi adelantó que “no se puede pensar en tiempos breves para la investigación” a la cual se someterá al mayordomo, y previó que si es necesario cumplir otros actos, se cumplirán.

Los jueces vaticanos deberán decidir, entre otras cosas, si solicitan a Italia enjuiciarlo y hacerle cumplir condena en ese país, donde la violación epistolar es un delito según la Constitución que puede alcanzar penas de hasta 30 años de prisión