Saltillo, Coah.- Los servidores públicos responsables del manejo de los organismos operadores de agua y drenaje durante 2007, de no solventar las irregularidades financieras detectadas en el periodo, enfrentarán demanda penal o reintegrar el daño causado al erario.

La Auditoría Superior del Estado ya advirtió a los sistemas que para mediados de febrero, a más tardar, deberán aclarar los señalamientos contenidos en los pliegos de observaciones que se les envió.

De acuerdo con la Constitución Política de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior, la ASE tiene facultades para determinar los daños y perjuicios que afecten al patrimonio de las entidades y así fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones correspondientes.

También, promoverá ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades y presentará las denuncias y querellas penales contra los organismos que no solventen los señalamientos.

Además, de comprobarse las irregularidades administrativas en la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal en revisión, se aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado.

De esta manera, los responsables serán sancionados con suspensión o destitución del puesto, multa económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

El órgano fiscalizador advierte que de igual manera podría aplicárseles responsabilidad resarcitoria para que los servidores públicos reparen económicamente el daño causado por los actos y omisiones cometidas.

La sanción pudiera abarcar al jefe inmediato por omitir la revisión o autorizar los actos que afectaron al erario.

A los organismos se les detectaron falta de comprobación de gastos, información insuficiente para aclarar manejo de recursos e incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

Asimismo, no integraron adecuadamente los expedientes de obra, incluyendo los elementos que permitan verificar el debido cumplimiento del proceso de adjudicación de obras, de acuerdo con la normatividad legal.

De igual manera, durante la inspección de obras se advirtieron deficiencias físicas y técnicas en algunos casos, mientras que en otros no se especificaron el otorgamiento de descuentos y se advirtieron desfases entre las fechas de cobro y depósitos.

De igual manera, se detectaron deficiencias en la integración de las partidas de activo, básicamente en cuentas por cobrar, bienes muebles e inmuebles.

Sin embargo, hasta el momento la Auditoría Superior del Estado no ha concluido el proceso para determinar el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, administrativas o penales.

Concluida la averiguación, la ASE informará al Congreso del Estado los resultados en materia de responsabilidades y sanciones, una vez desahogadas las observaciones planteadas.

En su momento, el órgano fiscalizador les concedió 45 días para responder y aclarar el pliego de observaciones enviado, plazo que concluirá a mediados de febrero. En esta etapa, los sistemas pueden presentar documentos, libros o registros para aclarar cada situación en particular, sin oportunidad de expresar comentarios.

La oportunidad que tendrán las entidades auditadas para exponer argumentos o comentarios derivados de la investigación será hasta la etapa de la resolución del pliego de observaciones, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior.

Previamente, los sistemas de agua potable y drenaje dispusieron de 15 días para aclarar los hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades detectados por la ASE. Ningún organismo logró desvirtuar los señalamientos en su totalidad, en su mayoría comprobaron movimientos financieros mínimos o de plano, se quedaron igual.

Por ejemplo, a Aguas de Saltillo le integraron 21 expedientes por hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades que suman 29 millones 422 mil pesos y en los 15 días de gracia no desvirtuó ningún señalamiento.

También al Simas de Acuña le detectaron 15 millones 168 mil pesos en una primera instancia y luego del periodo establecido para solventar los señalamientos aún le quedaron por aclarar 15 millones 089 mil pesos.

Además, en proporción a la cantidad investigada, es uno de los que más aclaraciones debe solventar por concepto de otorgamiento de descuentos, con 10 millones 060 mil pesos por justificar.

Sin embargo, el Simas de Monclova-Frontera es el que más irregularidades presenta por concepto de descuentos, ya que suman 12 millones 066 mil pesos, de un total de 12 millones 592 mil pesos.

En los resultados que presenta la Auditoría Superior del Estado sobresale el caso del Simas-Torreón, al que le abrieron 42 expedientes por un valor de 73 millones 225 mil pesos y después de los 15 días el monto quedó en 17 millones 579 mil pesos por las comprobaciones realizadas.