Saltillo, Coah.- La discusión del Código Electoral provocó un nuevo enfrentamiento verbal entre los diputados: mientras los priístas defendieron la propuesta, panistas y perredistas aseguraron que contiene elementos que atentan contra la democracia, los intereses de los ciudadanos y que representa un traje a la medida para los intereses del tricolor.

Los diputados opositores afirmaron que el interés de reducir los tiempos de campaña obedece a que el PRI no quiere que el elector sepa de las campañas para beneficiarse con el voto duro.

También denunciaron que el PRI quiere aumentar el número de consejeros electorales ante el IEPCC para tener mayor control del órgano electoral en beneficio propio.

“Quieren desaparecer a la oposición y buscan los mecanismos para quedarse nada más ellos, como ya lo hicieron con la unión entre el PRI y la UDC para tener más diputados”, reclamó Ignacio Maynez Varela, de AN.

“No se vale que en un momento dado se tenga al árbitro, la pelota y las reglas de su lado, esto desalienta al electorado, hasta se prohíbe a los partidos y candidatos poner pendones en la ciudad para promocionarse”, lamentó su compañero Jesús Manuel Pérez Valenzuela.

El también panista Francisco Cortez advirtió que una ley no debe discutirse solo en tribuna, sino entre todos los actores políticos, ya que la democracia es consenso, no mayoría aplastante.

“No se vale lo que está haciendo el PRI. Lo que hace la iniciativa es promover todo, menos la participación de la gente”, aseguró, al indicar que el PRI tendrá la mayoría calificada para imponer el nuevo ordenamiento electoral, aunque no incluya los deseos de la sociedad representada por todos los partidos; “¿Dónde está la voluntad de los ciudadanos? Para cualquier asunto se hacen foros, comisiones y ahora no”.

Luis Alberto Mendoza Balderas también acusó que con la reforma el Congreso sólo cambiaría de “titiritero” para manipular leyes a conveniencia del PRI, lo que favorecería el absolutismo y el populismo.

Lorenzo Dávila Hernández, del PRD, también rechazó reducir el número de diputados y regidores, ya que el ahorro proyectado es mínimo en relación a lo que gastan los servidores públicos en viáticos, teléfonos y servicios personales.

Lo que se lograría sería afectar la representación democrática; además es inconstitucional prohibir la postulación de precandidatos o candidatos surgidos de otros partidos, como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió.

Por el PRI defendieron la propuesta Francisco Saracho Navarro y Demetrio Zúñiga Sánchez, quienes destacaron las ventajas que incluye el Código Electoral, como la prohibición de que intervengan gremios y sindicatos en la integración de partidos.

También subrayaron la obligación de publicar la estructura orgánica y prerrogativas de los partidos, la definición de los procesos para acceder a los medios de comunicación y el monitoreo de los medios para dar transparencia y equidad a las campañas, entre otros aspectos.

Zúñiga Sánchez retó a los panistas a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la aprobación de la nueva legislación electoral que, aseguró, es completamente legal y acorde con la propia ley electoral federal.

En este sentido, recriminó que Acción Nacional haya aprobado la eliminación de pendones en la legislación federal y que en lo local estén en contra, con lo que dedujo que tratan de deslegitimar la propuesta sin discutir a fondo.