México.- Lejos de la mejora laboral y económica que les habían prometido, los militares de la dependencia de García Luna sólo encontraron humillación

Nombre: Manuel Jesús García Santos
Puesto: Inspector jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP)
Resultado: “Criminal”.

Nombre: Julio César Monge Peraza
Puesto: Subinspector de la misma corporación que tiene a su cargo las Fuerzas Federales de Apoyo
Resultado: “Criminal”.

Gerardo Barriga Almonte, oficial; Omar Lander Ángeles, suboficial; Raúl Leal Polito, sargento, y Jesús Daniel Yánez Yáñez, cabo, todos miembros de la PFP, tienen un registro idéntico: “Criminal”.

Uno por uno, policía por policía, decenas de miembros de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que encabeza Genaro García Luna, aparecen en oficios que acreditan que quienes deben combatir a los criminales tienen, paradójicamente, antecedentes penales por conductas delincuenciales, conforme a la revisión que la misma dependencia hizo de ellos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según documentos de la SSP clasificados como “confidenciales”, y que fueron obtenidos por Proceso, la evaluación practicada por la Dirección General de Control de Confianza de la PFP es un trámite inútil, porque mandos y efectivos –entre ellos los mencionados– se encuentran en activo, lo que pone en entredicho la Operación Limpieza difundida por el gobierno de Felipe Calderón.

Firmados por Gabriela Peláez Acero, directora general de Control de Confianza, son decenas y decenas los oficios –cientos, se dice dentro de la corporación– que prueban que elementos policiacos tienen registros “criminales” en la Procuraduría General de la República (PGR), en las procuradurías de Justicia de los estados y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La inocuidad de los controles, el disimulo de los antecedentes penales de elementos policiacos y los “compadrazgos” en la asignación de grados y ascensos han generado corrupción al interior de la SSP, particularmente en las Fuerzas Federales de Apoyo, que se ha denunciado formalmente ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Presidencia de la República.

“Todo el aparato que hoy funciona (es) para favorecer el ejercicio de la corrupción y la mezquindad”, asevera el mayor Julio Alberto Noé Franco en una carta que envió a García Luna el 22 de septiembre pasado, y en la que describe a detalle las anomalías y corruptelas que padece la PFP.

Otra ‘falacia’ de Calderón
El fenómeno de policías con antecedentes penales en activo en la secretaría que encabeza García Luna es parte de un problema mayor, relacionado con otra promesa incumplida de Calderón: la mejoría laboral que, al inicio de su gestión, ofreció a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que voluntariamente se integraran a la policía federal.

Pero la promesa de Calderón de mejorar sueldos y jerarquía a los militares resultó “una falacia”, como la calificó el mayor José de Jesús Anguiano Rodríguez en la carta de renuncia que le envió a García Luna el 22 de julio del 2007, cinco meses después de que no obtuvo en la PFP el grado que le correspondía.

Según el convenio de transferencia Sedena-SSP, por haberse retirado del Ejército como mayor, le correspondía el grado de inspector jefe, pero no sólo le dieron un grado menor (sólo inspector y comandante de compañía) sino que días después, “por órdenes superiores”, fue relevado de la comandancia por un capitán segundo, al que por grado no le correspondía tal jerarquía.

Anguiano Rodríguez, Diplomado de Estado Mayor y con estudios de maestría en administración pública, denunció ante García Luna estas y otras anomalías, entre ellas el incumplimiento de las expectativas económicas por las que se retiró del Ejército.

“Cabe resaltar que en esta situación resulta directamente afectada mi familia por abandonar el servicio activo por una falacia en que se convirtió la propuesta de trabajo laboral (sic) ofrecida por esta Secretaría de Seguridad Pública, debido al movimiento del cargo dentro de la planilla orgánica, que resultó ilegal”, definió.

El militar logró que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván –“como muestra de apoyo a mi persona y a mi familia”, dijo Anguiano– le enviara una carta a García Luna el 10 de mayo de 2008 para pedirle explicaciones sobre el incumplimiento del convenio, pero el jefe policiaco ni siquiera respondió.

Así, Anguiano Rodríguez presentó su renuncia dirigida a García Luna, a quien le advirtió que “no es la institución sino las personas encargadas de su cumplimiento las que harán que la orden del señor Presidente no se concrete y solamente quede en buenas intenciones por la falta de voluntad política y social, falta de calidad humana en los niveles de mando”.

Trato degradante
La discrecionalidad es nítida en el caso del teniente Alejandro Zapata Meza, comandante de agrupamiento, pues la mayoría de sus propuestas de ascensos brincan dos y hasta cuatro grados.

Dos ejemplos: un cabo brincó a oficial, cuando debería ser previamente sargento primero, sargento segundo y suboficial. Y Zapata Meza propuso que un suboficial ascienda a inspector, cuando los grados siguientes son oficial y subinspector.

En cuanto a los grados por nivel de »estudio, hay también numerosos ejemplos de la discrecionalidad en la PFP. Mientras que Luis Nolasco Hernández, licenciado con estudios de posgrado y que estudia un doctorado, es cabo de la PFP, Jesús Matus Badillo, con apenas la secundaria, es inspector. Es el mismo caso de Alejandro Romero Carrasco, quien tiene estudios de licenciatura y es cabo, en tanto que Leonardo Roberto Vargas Cruz, con sólo secundaria, es inspector.

En la SSP también se da el extremo de que personal con menor grado tenga a sus órdenes a sus superiores jerárquicos: en el caso del subinspector Noé Franco, mayor en el Ejército, estaba subordinado al teniente Felipe Valdés González, quien es director de logística, encargado del mantenimiento vehicular, gasolina, armamento, vestuario y equipo de protección.

Y en la carta que le envía a García Luna, el mayor le pregunta: “¿Quién nos mintió o nos engañó con la oferta laboral? ¿Acaso fue el propio presidente de la República, ya que fue su orden? ¿Fue la falta de supervisión de un secretario? ¿O sólo es un capricho o desobediencia al propio Presidente de la República?”