Coahuila
Por
Enrique Ramírez
Publicado el sábado, 10 de enero del 2009 a las 16:10
Sabinas, Coah. – El alcalde Óscar Ríos Ramírez, el síndico del Ayuntamiento y el tesorero municipal, que aparecen como presuntos responsables del delito cometido en agravio de las empresas que tienen anuncios panorámicos en Nueva Rosita, podrían ser destituidos y alcanzar prisión, en dado caso que caigan en desacato a la orden del Tribunal Superior de Justicia.
Así lo dio a conocer hoy aquí uno de los abogados de Sabinas, el licenciado Rogelio Reséndiz Martínez, quien añadió que el asunto de los amparos indirectos que han promovido los afectados en contra del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas se encuentran a punto de ser resueltos en el Tribunal Superior de Justicia y una vez que se logre esto, exigirán al alcalde de esa comunidad el regreso de las cantidades que se cobraron por la colocación de anuncios panorámicos.
Comentó que no se trata sólo de un afectado, sino de varios como Electrónica y Alarmas de Seguridad, Bancomer, cervecería Moctezuma, cervecería Modelo, gasolinerías, Telmex, Bimbo, CFE, Sabritas, entre otros a los que se les ha embargado más de 30 millones de pesos en total.
En sus demandas de amparo, estas empresas argumentan la inconstitucionalidad del cobro de derechos por la utilización de anuncios publicitarios que les hizo el municipio de San Juan de Sabinas. Los tribunales colegiados del octavo circuito con residencia en Saltillo, Coahuila, uno a uno fueron resolviendo los juicios constitucionales y en todos dictaron sentencia favorable a las empresas quejosas antes descritas, concediéndoles el amparo y protección de la justicia federal y ordenando a presidente, síndico y tesorero municipal de San Juan de Sabinas que deberían dejar sin efecto el cobro y embargo que realizaron y que deberían reintegrar el dinero embargado.
Se le concedió a la autoridad municipal de San Juan de Sabinas un término de 24 horas para que cumpliera con las ejecutorías de amparo, sin embargo, ha sido omisa en acatar dichos fallos y debido a esto fueron requeridos por medio de sus superiores jerárquicos que son los regidores y síndico, pero éstos tampoco han dado respuesta al juez federal sobre dicho cumplimiento.
También alegaron la violación al procedimiento económico coactivo, pues las autoridades les privaron del derecho de audiencia al no haberles determinado primeramente el cobro para estar en posibilidad de defenderse y por último alegaron que era excesivo el monto que se les estaba cobrando.
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