México.- El teléfono celular se ha convertido en la principal herramienta de la delincuencia organizada en los últimos años y puede ser tan importante como un arma o automóvil, y prueba de ello es el incremento de la extorsión por ese medio.

El senador Mario López Valdez, impulsor de la Ley de Control de Usuarios de la Telefonía Celular, sostuvo que los delitos más graves en cualquier país se cometen con el uso de armas de fuego, automotores y teléfonos celulares.

Si bien existe un registro vehicular y se pretende mantener un control sobre armamento, sería ilógico no aplicar esa medida a casi 60 millones de teléfonos portátiles, por lo que las empresas que brindan ese servicio deben contar con un registro con los datos de cada uno de sus usuarios, opinó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó que la ley referida, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, no haya sido promulgada por el Ejecutivo federal, aunque destacó que ya era tiempo de que se tomaran medidas para evitar la comisión de delitos mediante el teléfono celular.

Se trata de una modalidad delictiva sencilla que puede ser muy lucrativa, pues según el coordinador general de Inteligencia para la Prevención de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, hay grupos de extorsionadores que hacen cientos de llamadas al día.

A diferencia de otros delitos cuyas cifras han crecido en los últimos meses, éste no está vinculado con las actividades paralelas del narcotráfico, precisó el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Para cometer ese acto ilícito no se requiere de infraestructura, las amenazas se hacen a distancia y las modalidades pueden modificarse de un momento a otro, lo que dificulta la ubicación de las bandas, pues además se puede cambiar de número telefónico a placer con la adquisición de chips, expuso.

De acuerdo con el mando policiaco, es difícil saber cuántas bandas de extorsionadores existen, ya que la mayor parte comenzó a operar dentro de las cárceles y “desde afuera es como se han dado las mutaciones en el acto delictivo”.

Estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que a partir de 2001 se incrementaron los índices de ese delito mediante telefonemas en los que un sujeto señalaba a su víctima que un miembro de su familia estaba detenido.

Para su liberación, el delincuente exigía una cantidad de dinero que debía depositar en una cuenta bancaria o bien mediante fichas de prepago para tiempo aire de teléfono celular, detalló.

Según las investigaciones de la SSP, esa modalidad está prácticamente desplazada, pues ahora se trata de grupos de dos o tres personas que operan desde cualquier lugar, no requieren de armas ni de vehículos; sólo un aparato telefónico portátil y un cómplice que cobre el dinero, señaló el funcionario.

Actualmente, precisó el funcionario, hay extorsiones dobles a las familias, pues los delincuentes hacen salir a una persona de su casa, hablan diciendo que está secuestrada y cuando alguien acude a pagar el rescate, vuelven a llamar y dicen que ahora ambas están retenidas, por lo que sacan dos o tres rescates en una sola acción.

Los delincuentes han comenzado a utilizar otra modalidad, con la que recaban algunos datos de las familias como sus negocios o los lugares en los que estudian o acuden sus hijos, expuso.

Con esa información aseguran que tienen fotografías y que sus casas están rodeadas, a fin de presionar a los agraviados para que entreguen rescates que van desde 500 hasta tres mil pesos, describió.

Aunque son cantidades que parecieran irrisorias, “el problema es que generan terror entre la población y llegan a hacer unas 100 llamadas al día, generan una situación de inquietud y alta percepción de delincuencia en la sociedad”, enfatizó.

Además, se ostentan en los telefonemas como miembros de grupos delictivos famosos conocidos por ser sanguinarios, como los “Zetas”, “La Familia” o el cártel del Golfo, entre otros.

Con base en ello, mencionan casos de descabezados o de descuartizados que atemorizan a la gente, por lo que las víctimas acceden fácilmente a entregar el dinero, describió.

En abril pasado, el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, reconoció que el problema de las extorsiones y estafas telefónicas era creciente y grave, por lo que se pronunció por ampliar la coordinación con las instituciones reguladoras de las comunicaciones y comprometer una mayor participación social contra ese delito.

A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dio a conocer que cada 80 segundos se comete una llamada con la intención de extorsionar.

En tanto, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia puso en operación programa para denunciar casos de ese tipo y dijo que en promedio se reportaron 155 llamadas efectivas al día, sin que hubiera una campaña de difusión amplia para propiciar las denuncias.

El problema de la extorsión y la estafa telefónica es de tal magnitud que hubo intentos por restringir la señal en los reclusorios.

Cárdenas Palomino sostuvo que la gravedad del asunto es que los extorsionadores aprovechan los índices de violencia de cada entidad federativa, saben cuáles son los grupos que actúan en la ejecución de personas y mencionan matanzas sanguinarias conocidas para hacer creer a las víctimas que pueden dañarlas si no les dan dinero.

El funcionario federal aseguró que las extorsiones telefónicas son perpetradas por grupos pequeños de delincuentes, y descartó que organizaciones criminales como “La Familia”, los “Zetas” o algún cártel de las drogas se dediquen a actividades de ese tipo.

Las principales víctimas de ese acto ilícito son pequeños y medianos empresarios, que tienen forma de conseguir dinero en poco tiempo para entregarlo sin mayores problemas.