San Salvador, El Salvador.- El presidente salvadoreño Antonio Saca lamentó hoy la decisión de la justicia española de investigar a 14 militares implicados en la masacre intelectual de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989.

“Los militares defendieron en aquel momento al país de una agresión y creo que este tipo de acciones (judiciales), aunque las respeto, en nada contribuyen al desarrollo democrático del país”, dijo Saca al conocerse que el juez español Eloy Velasco aceptó llevar la querella.

La demanda fue interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJR) en representación de la familia de los sacerdotes españoles asesinados al no encontrar justicia en El Salvador para descubrir a los autores intelectuales del hecho.

La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional, sin embargo la resolución de este martes de un juzgado central indicó que no investigará al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, que era una de las demandas de las organizaciones humanitarias.

Cristiani quien gobernó El Salvador de 1989 a 1994, según organismos nacionales e internacionales e incluso la propia Universidad Centroamericana (UCA), donde fueron masacrados los jesuitas, es sospechoso de encubrir el plan de ataque del Alto Mando contra los religiosos.

Saca defendió al ex mandatario y afirmó que es un representante de la paz en el país por haber logrado negociar el proceso pacificador con la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que puso fin a la cruenta guerra de 1980-1992.

El gobernante recordó que el caso de los jesuitas ya se juzgó y se condenó a un grupo de militares, aunque estos salieron en libertad tras la aprobación de una Ley de Amnistía que era necesaria.

Dijo que se aprobó además una Ley de Reconciliación en el marco de los Acuerdos de Paz para que los guerrilleros tras permanecer en el exilio o en las montañas pudieran ingresar al país y no tuvieran “consecuencias por los crímenes que cometieron muchos de ellos”.

“Me parece justo que ambos bandos que participaron en la guerra salieran favorecidos. Si en estos momentos se comenzara a remover temas del pasado”, cualquier país no podría avanzar y olvidar, acotó el mandatario.

“Nosotros condenamos las muertes, las lamentamos”, señaló Saca luego de inaugurar el año escolar y agregó que dará seguimiento al caso en España.

Reiteró que los dirigentes del Alto Mando del Ejército en aquella época “estaban defendiendo la soberanía frente a un ataque comunista. Gracias a Dios lo hicieron, sino el país estuviera en una situación delicada”

Entre los militares que serán indagados por España figura el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general René Emilio Ponce, los generales Rafael Bustillo, Humberto Larios, Carlos Montano, Juan Zepeda, varios de ellos están activos como grandes empresarios.

El asesinato de los sacerdotes jesuitas y profesores universitarios es considerado como un caso de lesa humanidad y un acto terrorista.