Saltillo, Coah.- La Procuraduría General de la República además de actuar con negligencia, obstaculizó la investigación que sobre el accidente de Pasta de Conchos estaba en trámite al poner en reserva el caso, sin hacer las diligencias correspondientes y cuando aún no se fincan responsabilidades penales, consideraron el obispo Raúl Vera López, Elvira Martínez y Teresa Contreras, esposas de mineros muertos hace tres años.

En rueda de prensa, dijeron que la actitud de la PGR no es más que una prueba adicional de que el Gobierno Federal ha protegido a la empresa Industrial Minera México, ya que después de que la empresa suspendió las maniobras de recuperación de los cuerpos, la dependencia federal determinó la reserva del caso, lo cual fue considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una violación a las garantías de los familiares.

Al referirse a la recomendación emitida por la CNDH en contra de la PGR por considerar que se violaron los derechos para acceder a la legalidad y seguridad jurídica, con el indebido ejercicio de la función pública al integrar de forma deficiente la averiguación, pese a que peritos de la misma dependencia federal aconsejaban llevar a cabo la investigación sobre los trabajos que la empresa realizaba en esos momentos eran los adecuados para la recuperación de los cuerpos.

“Lo que hizo la Procuraduría fue no atender esta petición de los mismos peritos y manda a reserva el caso y no seguir con esta averiguación, y para nosotros es muy desconcertante lo que nuestras autoridades hacen en cuanto a una aplicación de justicia, creo que se nos ha estado mintiendo, tanto la empresa como las mismas autoridades y la CNDH lo deja en claro”, dijo Elvira Martínez, quien junto con otras familias espera lograr la recuperación de los cuerpos de sus familiares.

La recomendación subraya que hubo irregularidades en el trabajo desempeñado por funcionarios de la PGR como son el Ministerio Público Investigador de la Federación adscrito a la zona carbonífera de Sabinas; el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparos en Coahuila, así como el director general de Servicios Periciales y el Representante Social de la Federación adscrito a la Mesa XII de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas.

Dicho trabajo deficiente y que obstaculizó el curso de la investigación, ha provocado que no haya una sanción penal para los responsables por la falta de medidas de seguridad en el interior de la mina.

El Obispo sostuvo que esta actitud provocó la impunidad en el caso, y que la empresa hiciera sus peritajes con los cuales las autoridades demostraban que no había condiciones para ingresar a la mina, pero no con los peritajes que se recomendaban por parte de las mismas autoridades de PGR.

“No sólo hay negligencia, sino que hubo obstaculización clara de la justicia y de los argumentos de la CNDH se deduce sencillamente toda una complicidad con la empresa, por cubrir y protegerla como lo ha hecho la Secretaría del Trabajo y lo ha hecho la Secretaría de Economía, porque no se continuó con la investigación para llegar a establecer las causas y conocer la verdad histórica”, manifestó y dijo que se trata de un verdadero caso de impunidad.