Ciudad de México.- Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite cuatro acciones de la Oposición que buscan anular reformas legales con las cuales se permitirá al Ejército operar, al mismo tiempo, una aerolínea comercial y varios aeropuertos, así como la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y su reemplazo por el nuevo órgano IMSS-Bienestar.

Se trata de las últimas cuatro acciones que estaban pendientes de admisión, de las 21 que la Oposición promovió para tratar de invalidar doce reformas legales aprobadas en ultra fast track por Morena y sus aliados durante el llamado “viernes negro” del Senado, a finales de abril.

A más de mes y medio de que las recibió, la Ministra Loretta Ortiz notificó hoy la admisión de las demandas de diputados y senadores contra las reformas a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, publicadas el 3 de mayo.

Dichas reformas no sólo quitaron el candado que prohibía a una sola entidad operar aerolíneas y aeropuertos al mismo tiempo, sino que contienen múltiples cambios sobre facultades de autoridades del sector, que se consideran necesarios para que México recupere la Categoría Uno que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

La reforma a la Ley de Aeropuertos eximió a dependencias de gobierno -en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- del veto que, a las empresas privadas, les impide tener más del 5 por ciento de las acciones de concesionarias de aeropuertos.

La Sedena planea lanzar una nueva versión de la aerolínea Mexicana de Aviación en diciembre, pese a advertencias de especialistas por posibles afectaciones a la competencia, dado que los militares también controlan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construyen uno nuevo en Tulum y se les han asignado los de Palenque y Chetumal.

Ortiz también admitió acciones contra la reforma a la Ley General de Salud, publicada el 29 de mayo, que eliminó al Insabi luego de tres años y medio de operación, y lo sustituyó por el nuevo órgano descentralizado IMSS-Bienestar para dar atención a personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE.

Esta reforma abarca múltiples temas de la mayor importancia para el sector, entre ellos, el manejo del fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, la creación del Sistema de Salud para el Bienestar, modificaciones al Consejo de Salubridad General (CSG), y reglas de los convenios entre el IMSS-Bienestar y los sistemas de salud estatales, entre otros.

La admisión de estas demandas no suspende la vigencia de las leyes, y puede pasar más de un año para que la Corte dicte sentencias.

Antes del receso de la Corte, entre el 14 y el 31 de julio, seis Ministros y una Ministra ya habían admitido 17 acciones contra diez reformas. En todos los casos, el tribunal tendrá que analizar como tema preferente si las violaciones al procedimiento legislativo durante el “viernes negro” son de suficiente gravedad como para anular los decretos.

Las acciones admitidas desde junio y julio incluyen las que impugnan la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, la que ordenó la extinción de la Financiera Rural, los cambios a la Ley Minera y el decreto con ajustes estructurales para implementar una nueva ley expedida en marzo, que asignó a la Sedena la vigilancia del espacio aéreo.

También están ya en trámite los juicios contra cambios a la Ley de Turismo para que la Sedena reciba recursos del pago que hacen los visitantes extranjeros; a la Ley de Bienes Nacionales, sobre manejo y venta de bienes del Gobierno, y la reforma a la Ley Ferroviaria, que ahora prevé asignaciones por tiempo indefinido a los militares, a quienes se les ha entregado el control de los trenes Maya y Transístmico.