Ciudad de México.- Con el argumento de que no hay pruebas suficientes en su contra, una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) absolvió a José Gabriel Carreño, ex subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las acusaciones por presuntamente haber extraviado y reemplazado el expediente de la investigación sobre la Casa Blanca del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque el caso estaba cerrado en la vía penal desde 2022, por la vía administrativa seguía abierto.

La resolución de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA desechó las acusaciones que formuló el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP, en tiempos de Irma Eréndira Sandoval, en contra de Carreño Camacho, quien trabajó en la misma Secretaría desde 2017, en el sexenio de Peña Nieto, cuando la secretaria era Arely Gómez.

El expediente de mil 236 hojas contenía la investigación que realizó la SFP en 2015, cuando estuvo encabezada por Virgilio Andrade, en la que se concluyó que no existía conflicto de interés con el director de Grupo Higa y exoneró a Peña Nieto, en funciones en ese momento, y a su esposa Angélica Rivera.

Esto dijo Angélica Rivera sobre la Casa Blanca

La sentencia de la Sala Auxiliar aún puede ser impugnada por la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, ante la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA.

En 2019, Carreño Camacho fue acusado por el OIC de la SFP de haber incurrido en abuso de funciones por usar sus atribuciones para “realizar una omisión arbitraria consistente en que no evitó la extracción del expediente DGDI/097/2014 que se encontraba en la bóveda de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP”.

En septiembre de ese año, funcionarios de la Secretaría a cargo de Sandoval Ballesteros se percataron de que el expediente original de la Casa Blanca no se encontraba en la bóveda y en su lugar, había una copia certificada de dicha documentación, pero con datos tachados.

Por ese motivo, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y se iniciaron procedimientos administrativos en la SFP contra Carreño y otros ex funcionarios.

En sus denuncias, la SFP destacó que Carreño recibió el control de la bóveda desde 2017 y que el expediente “era considerado como relevante en razón de que contenía constancias que investigaban posibles hechos de corrupción con gran relevancia para la sociedad mexicana, dado que, uno de los investigados era el propio Titular del Ejecutivo Federal por un posible conflicto de interés” con el director de Grupo Higa, firma que construiría el tren México-Querétaro.

“ José Gabriel Carreño Camacho tenía conciencia del peligro concreto desatado por la conducta inicial, de suerte que la desaparición del expediente original funciona como mera calificación de su conducta”, añadió el OIC.

Aunque por la vía penal, un juez vinculó a proceso a Carreño en 2021, al año siguiente, en 2022, un tribunal federal aceptó un mecanismo alternativo de solución y otorgó la suspensión, con la condición de que realizara servicio social y ofreciera una disculpa pública.

Largo proceso administrativo

Por la vía administrativa, el proceso avanzó y en 2023, ya con Roberto Salcedo al frente de la SFP, tras cuatro años de investigación, el OIC turnó el caso al TFJA para que procediera a la fase de imposición de la sanción.

Sin embargo, tras otro año y medio de análisis, la Sala Auxiliar del TFJA concluyó este año que no existe prueba documental que confirme que, al momento en que Carreño recibió el control de la bóveda de la Subsecretaría, el expediente en cuestión estaba adentro, y que tampoco hay pruebas de que haya sido él quien lo haya extraído y lo haya reemplazado por una copia.

“Esta Sala resolutora (…) determina que en el caso NO existen elementos para determinar la comisión de las faltas administrativas graves”, dice la sentencia.

En la resolución, los magistrados María Ozana Salazar Pérez, Juan Carlos Reyes Torres y Pedro Rodríguez Chandoquí argumentaron que la autoridad investigadora, es decir, el OIC de la SFP, no estableció “de manera clara y precisa que el presunto responsable el C. Luis Gabriel Carreño Camacho, como Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la entonces SFP, fuera el responsable de la bóveda (…), así como del resguardo y conservación de lo contenido en dicha bóveda”.

Por lo tanto, concluyeron, “el presunto responsable no era el responsable de garantizar que el expediente DGDI/097/2014, estuviera completo, ni alguna otra obligación que se puede entender que está relacionada de manera directa con dicha actuación”.

La sentencia se dictó en marzo pasado, pero fue publicada por el TFJA el 8 de mayo pasado.

Carreño, leal al peñismo

Carreño Camacho es un antiguo colaborador del grupo político de Enrique Peña Nieto, para quien trabajó, desde que fue gobernador mexiquense, dentro de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

Después, ya con Peña en la Presidencia, fue director de Investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación, desde donde fue removido para ocupar la Dirección General Adjunta de Responsabilidades de la SFP, cuando Virgilio Andrade exoneró a Peña Nieto del conflicto de interés.

En el último año del sexenio de Peña asumió el cargo de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones en la SFP, en el que tuvo a cargo la bóveda de la que desapareció y fue reemplazado el expediente.

En 2019, ya con Peña fuera del poder, Carreño fue nombrado subsecretario de Control y Evaluación de la Contraloría del gobierno mexiquense, entonces encabezado por Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto.

Información de Milenio.