Washington.- La palabra “miedo” se repite como una constante en el testimonio de Esmeralda Soto. Un transexual que en 2003 fue obligada a practicar sexo oral a un empleado del centro de detención para inmigrantes en San Pedro, California. El gobierno está cerca de adoptar nuevas regulaciones en esta área, sin embargo personas detenidas por su estatus migratorio no serían incluidas.

“Quería deshacerme desesperadamente del sabor del semen del oficial, pero los investigadores no me dejaron lavar mi boca hasta que sacaran las muestra para el examen de violación. El asalto ocurrió a las 2:00 p.m. y no fui llevada al hospital hasta la mañana siguiente. La memoria del sabor es en extremo molesta y tengo recuerdos acerca de esto todo el tiempo”, narra Soto en su testimonio recopilado por la Comisión Nacional para la Eliminación de Violaciones en Prisión (NPREC).

El caso de esta persona es uno entre muchos. De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), desde 2007 sólo en California existen al menos 17 denuncias por abusos sexuales en las cárceles de Yuba, Santa Ana y Otay. Estados como Texas lideran esta lamentable estadística con 56 denuncias en el mismo periodo.

La ley PREA

Un problema que no sólo se limita a los centros para detener inmigrantes, sino al sistema carcelario en general a lo largo del país. Es por eso que en 2003 se promulgó la ley para la eliminación de las violaciones en prisión (PREA).

Ahí se estableció que el asalto sexual en detención (federal y estatal) constituye un quebrantamiento de la enmienda 8 de la Constitución. Asimismo, demandó que todos los establecimientos apliquen políticas de tolerancia cero para enfrentar el problema.

La ley especificó un estudio integral y la emisión de nuevas regulaciones al respecto. Recién en enero de este año, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una primera propuesta de reglas sujeta a comentarios y cambios. En ella, las prisiones de inmigración no estaban incluidas.

Nuevas regulaciones

La semana pasada DOJ envió las regulaciones finales a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). Varios grupos de derechos civiles temen, que a pesar de las críticas, los centros de detención de inmigrantes, continúen sin ser cubiertos.

“En nuestras innumerables visitas a las cárceles de inmigración nunca hemos encontrado un lugar donde estén implementados todos los estándares necesarios. Muchos detenidos incluso no saben con quién hablar en casos de abusos”, explica Michelle Brané, directora del programa de aprehensión y asilo de la Comisión de Mujeres Refugiadas.

La agencia que se opone con más fuerza a la aplicación de la reglas en centros de detención para inmigrantes, es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De hecho, el pasado 30 de noviembre el ex presidente de NPREC, el juez Reggie Walton envió una carta –obtenida por La Opinión- a la secretaria de DHS, Janet Napolitano, donde especificó la gravedad de la situación, en un intento por modificar su posición.

“Excluir a los centros de detención para inmigrantes de los requerimientos de PREA y su cumplimiento de las regulaciones finales que adoptará DOJ, dejará a los detenidos en una situación vulnerable para un abuso continuado”, dice la misiva.

Duda sobre el presupuesto

Un oficial de DHS explicó La Opinión que el problema no está en el cumplimiento de PREA, sino con DOJ. “Existen serias implicaciones de presupuesto y operacionales sobre DOJ -que supervisa el sistema de prisiones-, fijando estándares para otras agencias como el Departamento de Defensa, DHS y de Salud y Servicios Humanos, cuando apenas pueden manejar su propio sistema de prisiones”.

“Este es un ejemplo de una agencia tan sumida en sus problemas, que arremete para cualquier lado para cambiar el diálogo”, agregó.

Por otra parte, DHS argumentó que la política de tolerancia cero, ya está incorporada en las cárceles de inmigración y que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha elaborado “revisiones a los estándares de detención, con requerimientos para responder apropiadamente al abuso sexual”, dijo Gillian Christensen, vocera de la agencia.

Los claros roces entre DOJ y DHS respecto a este tema, pondrán a OMB y más aún a la Casa Blanca, en una situación complicada, a la hora de entregar las regulaciones finales, sobre todo en un delicado año de elecciones presidenciales.