Ciudad de México.- Desde el pasado 14 de marzo, el delito de abuso sexual se persigue de oficio en todo México, luego de la publicación de reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal en el Diario Oficial de la Federación.

La modificación, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, marca un cambio relevante: ya no será necesario que la víctima presente una denuncia formal para que las autoridades inicien una investigación.

Además, la reforma introduce una definición más clara del consentimiento, al establecer que no puede asumirse por el silencio, la pasividad o la falta de resistencia. Tampoco será válido si la voluntad de la víctima fue anulada mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de poder.

El nuevo marco legal define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluso sin llegar a la cópula, y contempla hechos ocurridos tanto en espacios públicos como privados.

En cuanto a las sanciones, se mantienen penas de tres a siete años de prisión, pero se añaden multas económicas, medidas como talleres obligatorios con perspectiva de género y servicio social, con el objetivo de prevenir la reincidencia.

Las penas aumentarán cuando existan agravantes, como el uso de violencia, la participación de varias personas, o cuando el agresor tenga una relación de confianza o autoridad sobre la víctima. También se endurecen en casos donde la víctima se encuentre en condición de vulnerabilidad o cuando el delito esté motivado por orientación sexual o identidad de género.

La reforma incluye, además, la obligación de garantizar la reparación integral del daño, que contempla atención psicológica especializada hasta la recuperación de la víctima.

Aunque el cambio ya es vigente a nivel federal, la armonización en los estados avanza de forma desigual: hasta ahora, 15 entidades han promulgado reformas similares, mientras que en el resto permanecen en proceso legislativo.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de las Mujeres en noviembre de 2025 y forma parte de una estrategia para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia sexual en el país.

Con información de Proceso.