Ciudad de México.- El crimen organizado en México pasó de la agresión directa a la captura sistemática de candidatos, al ser más barato colocar gente propia que disputar el territorio al Estado.

En los primeros 243 días del año se registró un evento diario de violencia contra políticos; más de la mitad se concentró en Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, de acuerdo con Data Cívica.

Detalló que si bien en julio 20 de los 30 ataques se dirigieron a alcaldes, regidores y síndicos, en agosto la tendencia cambió y 18 de 34 casos golpearon a funcionarios de Seguridad.

Por su parte, Amalia Pulido, académica del Sistema Nacional de Investigadores, con 12 años estudiando la gobernanza criminal y presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, expuso que el crimen “no sólo agrede a los políticos, sino que ahora también los produce”. Advirtió que, de seguir el patrón reciente, no se espera menos violencia en las elecciones de 2027.

Explicó que la cooptación opera con la ley de “plata o plomo”, extorsión y captura de candidaturas donde crece el número de bandas delictivas. Precisó que el IEEM o el Instituto Nacional Electoral no son fiscalías y sus facultades son limitadas, por lo que urgió a brindar protección inmediata e importar figuras como la Ventanilla Única de Colombia y Perú, la Ficha Limpia de Brasil o la Lista de Impresentables de Italia.

De sicarios a políticos

El crimen organizado en México ha transitado de la agresión directa contra la clase política a una captura sistemática de candidaturas, impulsado por una lógica en la que les resulta más barato y rentable colocar candidatos propios en la boleta que disputarle el territorio al Estado.

Tan sólo en los primeros 243 días del año se han reportado diariamente un caso de asesinato, secuestro, atentado o amenaza contra políticos mexicanos.

Más de la mitad de esos casos, de acuerdo con la base de datos sobre violencia político-criminal que elabora la organización Data Cívica, se concentró en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán.

La consejera presidenta del IEEM), Amalia Pulido, advierte que, de no frenar esta infiltración desde la etapa de postulación, las elecciones de 2027 repetirán el patrón de violencia y cooptación observado en el proceso de 2024.

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La mala noticia es que, de seguir el patrón observado en los últimos dos años, no esperaríamos menos violencia en las elecciones de 2027”, asegura.

Y es que hasta julio, la mayoría de las víctimas ocupaba cargos en el Poder Ejecutivo municipal, –dígase alcaldes, regidores, síndicos– con 20 de los 30 eventos de ese mes.

En agosto la tendencia se invirtió, ya que 18 de los 34 casos golpearon directamente a funcionarios del área de Seguridad, no a los cargos de elección popular.

Sinaloa encabezó ambos meses, con seis casos en agosto, seguido por Michoacán, Morelos y Guerrero.

La también académica del SNI, con 12 años estudiando lo que se conoce como gobernanza criminal, Pulido Gómez, expuso que el crimen organizado no solo agrede a los políticos, sino que ahora también los produce.

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Es un reflejo de la dinámica de infiltración en las elecciones”, afirma la especialista y sostiene que esa gobernanza criminal se construye con la vieja ley no escrita de “plata o plomo”, aplicada ahora a la extorsión y al control de mercados ilegales, y con la captura directa de candidaturas allí donde a las organizaciones delictivas les resulta más barato colocar a su gente en la boleta que disputarle al estado.

La consejera ubica el origen del fenómeno a finales de los años 80, cuando se rompió la protección política que el propio sistema ofrecía al crimen organizado y estallaron las disputadas violentas por el territorio.

De ahí, dice, se pasó a una etapa distinta, la captura sistemática de políticos.

Pulido Gómez detalla que los principales riesgos se dan sobre todo a nivel municipal y particularmente en regiones con más alta incertidumbre política, es decir, cuando la competencia es mayor entre los actores.

Pero también en las regiones donde existe más presencia del crimen organizado; en esos casos, también se eleva la captura de candidaturas que desde la campaña se comprometen con sus intereses.

Comenta que, a medida que el número de organizaciones criminales se incrementa en una zona o estado, también crecen las probabilidades de que los aspirantes a cargos sean cooptados desde la postulación de las candidaturas.

Aclara, sin embargo, que las tareas de verificación desde los organismos electorales, sea el INE o los estatales, resultan limitadas, debido a la naturaleza de sus atribuciones.

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Nosotros no somos Ministerio Público, no podemos actuar como las fiscalías”, precisa.

Y enfatiza que para que la democracia representativa funcione, es necesario garantizar a todas las opciones políticas condiciones libres y equitativas para la competencia.

Esto implica que se diseñen medidas de protección y auxilio inmediato para las personas que sean candidatas y denuncien riesgo de cooptación o violencia criminal.

Cita las experiencias que existen en otros países con instituciones deliberadamente creadas para revisar las trayectorias de los candidatos y sus posibles nexos criminales.

Como la Ventanilla Única Electoral en Colombia desde 2015, igualmente desde ese año en Perú con el nombre de Ventanilla Única de Antecedentes, en Brasil se cuenta con la Ley de Ficha Limpia, y en Italia con la llamada Lista de Impresentables que lleva la Comisión Antimafia.

Muertes sin esclarecer

Tres diputados de la actual Legislatura han muerto por disparos de arma de fuego y la Cámara no tiene, hasta ahora, una sola conclusión oficial de lo ocurrido.

El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, pide crear una comisión especial que investigue los homicidios del sinaloense Héctor Melesio Cuen, así como de los veracruzanos Benito Aguas Atlahua y Zenyazen Escobar, y ya presentó una propuesta por escrito ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la semana pasada.

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Todas las muertes violentas son terribles y tienen que ser investigadas. Y los diputados representan a partes de la población y deberíamos estar vigilando temas que importan al país, como la seguridad”, define.

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Porque no investigar es una invitación a que se sigan cometiendo crímenes. No investigar ocultar datos y no tener claro lo que está pasando en el país”.

Moreira Valdez afirma que presentará las razones de su iniciativa, además, a la Mesa Directiva que presidente el diputado Raúl Bolaños Cacho (PVEM).

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No es un tema de sacar raja política ni personal. Es un tema de seguridad nacional y de poder decirle a los mexicanos qué sucedió”, sostiene.

El líder parlamentario opositor aspira a que, como en el pasado, el Poder Legislativo pueda ser contrapeso del Poder Ejecutivo, al que ahora, señala, se encuentra sometido.

El también exgobernador de Coahuila, relata que siendo diputado federal impulsó y presidió la comisión especial que investigó el denominado caso del Michoacanazo, en el sexenio de Felipe
Calderón.

Esa comisión resolvió que las detenciones (de los funcionarios estatales) habían sido ilegales, con el voto del PAN, incluso. “Se puede criticar mucho a Calderón, pero como Mandatario empujó o permitió la reforma de derechos humanos del 2010 y 2011, y esa comisión especial se hizo y presentó conclusiones”, sostiene.

Explica que, como entonces, lo que ahora se buscaría es entrevistarse con las autoridades locales que llevan la investigación, revisar carpetas, los peritajes, si hay consignados y quiénes son.

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No somos el Ministerio Público, pero sí nos interesa por qué asesinan a políticos; sería terrible para el Congreso no saber cuál fue la causa; la variante puede ser desde el crimen organizado hasta temas personales. Pero por seguridad nacional y de la Cámara, se tiene que saber qué sucedió”, argumentó.