Saltillo, Coah.-  El Poder Judicial de Coahuila y el Congreso del Estado, elaboraron un proyecto que ya inició proceso legislativo, para que acechar a una persona, ya sea por medios físicos o digitales, sea tipificado como un delito, con penas de hasta 6 años de cárcel. 

Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, junto a magistradas y magistrados, diputadas y representantes de organizaciones civiles, presentó un proyecto que el Poder Judicial elaboró en conjunto con el Congreso local, a iniciativa de la cónsul de Canadá en México, para tipificar en Coahuila el delito de acecho.

“

Debemos especificar que el acecho es un comportamiento acosador y amenazante que interfiere en la vida normal de la víctima, como el hecho de seguirla, espiarla, ir a su casa o lugar de trabajo, de manera sorpresiva, hacer llamadas telefónicas insistentes, dejarle mensajes, todo a través de un contacto no deseado por la parte afectada”, expresó la magistrada María Luisa Valencia.

Lo anterior, agregó, obliga a las víctimas, a cambiar su itinerario, donde realiza estudios, su lugar de trabajo e incluso la casa donde viven, restringiendo su libertad de actuar y vivir.

Indicaron que el acecho, no es una actividad cometida exclusivamente contra mujeres, pero en la mayoría de los casos se trata de actos de hombres hacia mujeres, que al no ser detenidos, escalan a la violencia e incluso al feminicidio, con un trasfondo acosador.

Consideraron necesario tipificarlo como delito en el Código Penal de Coahuila, como ya sucede en Canadá y en Nuevo León.

Agregaron que la tipificación del acecho también se referirá a otros aspectos de la vida, donde se aplicará, tanto en contra de mujeres como de hombres o personas de todas edades.

“

Esto tiene que ver también con temas como la cobranza, donde acechan a los deudores, cuando lo que se debe hacer es presentar una demanda, pero no estar hostigando a una persona en sus bienes, su familia o entorno”, expreso Mery Ayup.

Agregó que aún están en estudio de la penalidad que podría alcanzar, pero adelantó que sería posiblemente de entre 2 y 6 años de cárcel, más multas y órdenes de restricción permanentes contra los y las infractores.