Ciudad de México.- A principios de mayo, un gran jurado emitió una acusación formal acusando a José Ibarra de asesinato, agresión agravada, secuestro y otros delitos por el asesinato de Laken Hope Riley, en un caso que ha sido utilizado por los republicanos en la campaña electoral presidencial para criminalizar a los inmigrantes.

El asesinato se convirtió inmediatamente en un punto álgido en el debate nacional sobre la inmigración porque Ibarra, que es de Venezuela, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y se le permitió quedarse para continuar con su caso de inmigración.

Los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, culparon de la muerte de Riley al presidente Joe Biden y sus políticas migratorias.

La acusación formal de 10 cargos acusa a Ibarra de golpear en la cabeza a la estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, asfixiarla y levantarle la ropa con la intención de violarla.

Este viernes se conoció que la Fiscalía del Circuito Judicial del Oeste busca una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con lo que se descartaría la pena de muerte, según documentos judiciales citados por FOX News.

El cuerpo de Riley fue descubierto el 22 de febrero en una zona boscosa del campus, en la localidad de Athens, en el norte de Georgia.

Ibarra fue detenido un día después del asesinato en un complejo de apartamentos cercano a los senderos donde trotaba la víctima cuando fue atacada y asesinada.

De acuerdo con la acusación del gran jurado, antes de matarla a golpes con una piedra, hasta desfigurarla y asfixiarla, el sospechoso intentó violarla.

Al imputado también se le presentaron cargos de ‘mirón’ por presuntamente espiar e invadir la privacidad de otra persona en los dormitorios universitarios, en un incidente que ocurrió el mismo día del crimen de Riley.

El caso impulsó a los legisladores estatales republicanos a aprobar en menos de dos meses una nueva ley migratoria que exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si están indocumentados.

La medida fue promulgada el pasado 1 de mayo por el gobernador Brian Kemp, que la convirtió en una de sus prioridades legislativas en la pasada sesión.