Cuatro Ciénegas, Coah.- Habitantes del ejido Tanque Nuevo denunciaron presuntas nuevas irregularidades relacionadas con la empresa Beta Santa Mónica, a la que señalan de intentar acreditar derechos sobre tierras de uso común y pozos de agua, mediante documentos que, aseguran, no fueron autorizados por la asamblea ejidal.

Francisco González Castruita, comunero de Tanque Nuevo, manifestó públicamente su inconformidad ante la aparición de documentos que supuestamente acreditan un dominio pleno sobre terrenos ejidales, bajo el argumento de que la asamblea habría autorizado este procedimiento en febrero de 2003.

El denunciante rechazó la validez de dichos documentos y sostuvo que el único procedimiento de este tipo que reconoce la comunidad fue el realizado en 1999, cuando el ejido ingresó al programa Procede y se efectuó la parcelación de cinco hectáreas por ejidatario.

González Castruita enfatizó que la asamblea ejidal es la máxima autoridad del núcleo agrario y que por ello, cualquier procedimiento que involucre la autorización del dominio pleno debe cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Afirmó que fue durante una reunión reciente con la representación legal de la empresa cuando tuvieron conocimiento de la existencia de esos documentos, situación que calificó como preocupante, pues considera que podrían utilizarse para reclamar derechos sobre el patrimonio colectivo de los ejidatarios.

Asimismo, señaló directamente a Roberto Zamarrón Olvera, Guillermo Zamarrón y Arturo Ibarra Olguín, a quienes acusó de actuar como presuntos prestanombres y de haber sido designados por Beta Santa Mónica como delegados especiales para intervenir en la entrega de un rancho que, según su versión, la empresa había perdido en un juicio.

El comunero sostuvo que estas acciones se habrían realizado sin el conocimiento ni la autorización de los integrantes del ejido, por lo que pidió que se investigue la participación de las personas señaladas y se determine si existieron irregularidades en los procedimientos relacionados con los terrenos.

En cuanto a la explotación de los pozos de agua, González Castruita también cuestionó los contratos que, según indicó, la empresa presenta para justificar el aprovechamiento del recurso hídrico. Afirmó que dichos acuerdos estarían relacionados con las mismas personas a las que identifica como presuntos prestanombres y pidió revisar su legalidad, así como los derechos que amparan la extracción y el uso del agua.

Recordó que el conflicto ha generado inconformidad entre los comuneros y que anteriormente se realizó un bloqueo como medida de protesta. Indicó que la intervención del alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, quien facilitó el acercamiento con representantes de Gobernación y personal técnico, contribuyó a que los manifestantes retiraran la protesta, mientras se buscaban alternativas para atender el problema.

Actualmente, aseguró que sus abogados ya trabajan en la revisión de los documentos y antecedentes jurídicos del caso, con la intención de demostrar que no existió la asamblea que supuestamente autorizó el dominio pleno en 2003.

Como parte de sus argumentos, cuestionó por qué la empresa no habría presentado esos documentos durante el juicio que, según señaló, perdió el 27 de octubre de 2008, y por qué aparecen ahora como fundamento para reclamar derechos sobre las tierras.