Ciudad Juárez.- Las políticas de contención revictimizan a las migrantes y a sus familias, al obligarlas, nuevamente, a vivir situaciones de violencia en fronteras como Ciudad Juárez, señala el informe “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021”.

El informe presentado este año por Women’s Refugee Commission (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) destaca el caso de dos centroamericanas quienes, al ser devueltas de Estados Unidos a esta ciudad, fueron víctimas sexuales de elementos de la Guardia Nacional (GN).

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Jessica, una mujer hondureña que permanecía en una estación migratoria de la Ciudad de México, describió al IMUMI cómo a ella y a una amiga las habían detenido elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez después de ser expulsadas de Estados Unidos. Los agentes abusaron sexualmente de ellas. Estuvieron detenidas en una estación migratoria en Ciudad Juárez durante dos meses antes de que las trasladaran a la Ciudad de México”, señala el documento.

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Las mujeres fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional”, agrega en la publicación realizada a través de la página https://imumi.org, sin dar más detalles sobre la fecha, si el delito se cometió dentro de la estación migratoria o si se les ofreció asesoría para interponer algún tipo de denuncia a la distancia.

La organizaciones recordaron que las estrategias de Joe Biden incluirían un enfoque de protección y perspectiva de género, ya que en verano de 2021 presentó un Plan de Gobierno para reformar el sistema migratorio de Estados Unidos, y una de las estrategias tenía el objetivo de resolver las causas de raíz de la migración en Centroamérica al “combatir la violencia sexual, de género y familiar”, además de establecer un enfoque integral de la gestión migratoria regional.

Sin embargo, en la práctica, se centró en la aplicación de acciones de disuasión en los países de la región. Solicitó que el Gobierno mexicano firmara un acuerdo de “tercer país seguro”, que requiere que las personas primero busquen protección en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos.

El Gobierno demócrata estadounidense continúo con la política sanitaria del Título 42, a través de la que los migrantes son expulsados de manera exprés a México sin la posibilidad de solicitar asilo político.

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Las acciones y estrategias positivas de la administración Biden han sido ensombrecidas por su fracaso en la restauración del acceso al asilo en la frontera, incluyendo los puertos de entrada, para la mayoría de las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a esos puntos (…) La administración Biden ha expulsado personas más de 1 millón 100 mil veces, incluidas las más de 187 mil expulsiones de madres y padres de familia con hijas e hijos, a quienes se les negó la oportunidad de solicitar protección”, destacaron.

Según las últimas cifras dadas a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante el primer trimestre del año fiscal 2022 (de octubre a diciembre de 2021) fueron detenidas 49 mil 12 personas tras cruzar la frontera por este sector, de las que el 68.46 por ciento fue expulsado.

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El presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconocen que muchas mujeres escapan de la violencia de género y de la persecución en sus países de origen y necesitan tener acceso a protección en ambos países. El Imumi y la WRC están sumamente preocupadas por las prácticas de ambos gobiernos que normalizan las violaciones de derechos humanos, incluyendo la violación del derecho a solicitar asilo”, apunta en el documento.

Agregaron que en lugar de políticas restrictivas y acciones que ponen en peligro a las mujeres y a la niñez solicitante de protección internacional, ambos gobiernos deben fortalecer sus sistemas de asilo y ampliar las rutas complementarias para brindar protección a esa población. “Instamos a las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador a implementar las siguientes recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la protección”.

Las mujeres solicitantes de protección internacional experimentan violencia en México, exacerbando los traumas anteriores que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; no se sienten seguras en las ciudades de la frontera sur y norte, donde siguen esperando en condiciones precarias y les preocupa que las puedan seguir sus agresores; son sometidas a actos violentos en razón de género en este país, que incluyen violación y agresiones sexuales, y enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.

En México, las mujeres solicitantes de protección internacional son separadas de sus hijas e hijos como resultado de las políticas migratorias restrictivas o luchan por encontrar cuidados infantiles e inscribir a sus hijas e hijos a la escuela; se ven obligadas a buscar formas de evadir los puntos de revisión del Instituto Nacional de Migración (INM) y el ejército, viajando en caravanas para sentirse seguras o confiando en los traficantes; son sometidas al uso excesivo de la fuerza y violencia por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, y en otros casos son mayormente vulneradas por pertenecer a la comunidad LGBTI+ o por no hablar español.

Por ello, el Imumi y la WRC pidieron al Gobierno mexicano dejar de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en la implementación de políticas como Título 42 y “Quédate en México”, debido a que violan las leyes de Estados Unidos, México y el Derecho Internacional.

Fuente: El Diario de Juárez