Chihuahua, Chih.- María Eugenia Galván Antillón, actual presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF) y madre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, fue la responsable de autorizar los permisos al crematorio Plenitud, de Ciudad Juárez, donde a finales de junio fueron hallados 383 cuerpos apilados.

Durante el quinquenio del entonces gobernador Javier Corral Jurado (2016-2021), Galván Antillón estuvo al frente de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), y fue en ese tiempo cuando se dio luz verde al establecimiento, propiedad de la familia Arellano Cuarón, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) desde hace años y al empresario Pablo Cuarón Galindo (quien fue secretario de Educación y Deporte) en la misma administración dio a conocer la diputada morenista Jael Argüelles Díaz.

En sesión permanente del Congreso del estado, la legisladora local formuló una serie de preguntas dirigidas al titular de la Secretaría de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, y a la Fiscalía General del Estado (FGE), ante la crisis sanitaria, ética y legal derivada del hallazgo de cientos de cuerpos en condiciones irregulares en dicho crematorio.

“ Este caso es profundamente lamentable en términos humanos y sanitarios, pero además refleja la gravedad de operar en una ciudad marcada por la violencia, las desa-pariciones y la impunidad. No se trata de una falla menor, estamos ante posibles omisiones, simulación de legalidad y contradicciones oficiales que exigen explicaciones inmediatas.  

Recordó que el pasado 27 de junio, funcionarios estatales aseguraron que el número de cuerpos no superaba 60. Pero días después se reconoció oficialmente la existencia de 383. “¿Dónde estaban los otros más de 300 cuerpos? ¿Qué autoridad permitió o toleró esa opacidad?”, cuestionó.

Argüelles también subrayó las contradicciones de las autoridades, que primero afirmaron que los cadáveres estaban bien embalsamados y no había delito alguno que perseguir, mientras la propia FGE confirmó después que muchos restos no estaban plenamente identificados.

“ Si el crematorio contaba con autorización vigente, ¿cómo es posible que ninguna verificación detectara que no se contaba con refrigeración adecuada, que había una saturación insostenible de cuerpos y su horno carecía de capacidad para responder a la demanda?, interrogó.  

Argüelles Díaz añadió además que desde 2020 existían reportes de condiciones insalubres en ese establecimiento e inspectores de Coespris las constataron imponiendo únicamente una suspensión temporal. “¿Qué tipo de supervisión permitió que este lugar siguiera operando durante años?”, reprochó.

“ Judicializar a un par de personas no basta. Exigimos una auditoría completa a los permisos otorgados por Coespris, una revisión estructural de los protocolos de supervisión y responsabilidades administrativas y penales por omisión. La sociedad tiene derecho a saber la verdad, y las familias merecen respuestas claras, no simulación ni encubrimiento”, sostuvo.  

Argüelles Díaz también demandó que las identificaciones de los cuerpos se realicen con respeto y transparencia, protegiendo la dignidad de las víctimas y el derecho de sus familias a conocer la verdad.

Por su parte, el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, exigió que la FGE realice una investigación profesional, completa y exhaustiva. Que se sancione a los dueños, empleados y a los servidores públicos que no realizaron su trabajo. Además pidió un estudio forense en cada uno de los 383 cuerpos y en las urnas entregadas.

La legisladora local María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, llevó un exhorto ante el Congreso del estado con el fin de que la fiscalía estatal abra un expediente para que se finquen responsabilidades por omisión a Gilberto Baeza, secretario de Salud de la entidad, y a Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Coespris.

Asimismo demandó la salida de ambos funcionarios mientras se llevan a cabo las indagatorias.

“ ¿Cómo nos explican que el crematorio instalado en la colonia Granjas Polo Gamboa prestaba servicios a varias funerarias y contaba con las licencias correspondientes?

“ Esto sólo da dos posibilidades: que tanto la Secretaría de Salud y Coespris, junto con sus equipos de trabajo son funcionarios de escritorio, que no salen a inspeccionar. O bien, que a sabiendas de que ese lugar funcionaba de manera ilegal, expidieron licencias a cambio de algún beneficio.  

Por este caso están vinculados a proceso penal José Luis Arellano Cuarón y Facundo Martínez Robledo, dueño y empleado del negocio, respectivamente como presuntos responsables del delito de ocultamiento y conservación ilegal de restos humanos.