Ciudad de México.- Ex funcionarios del Gobierno capitalino operaron una red de enriquecimiento ilícito que habría desviado más de 2 mil millones de pesos de recursos públicos en la Administración pasada, informó ayer la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

El grupo de ex funcionarios estaría conformado por el testigo colaborador Miguel Ángel Vázquez, subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la gestión de Miguel Ángel Mancera, y Julio César Serna, jefe de Gabinete en este mismo periodo, actualmente detenido.

El desvío se basó en tres esquemas, informó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

El primero implicó la contratación por parte del Área de Capital Humano de tres empresas para simular la solicitud de devolución del pago del ISR, función que por ley debía realizar la dependencia.

Este esquema de desvíos fue liderado por Vázquez, quien involucró a otros funcionarios, allegados y personas relacionadas por lazos familiares entre sí.

El plan consistió en contratar a las empresas JJ Accounting & Legal Matters, Profesionistas Moliel, y Olivera Méndez y Asociados SC, para realizar la solicitud de devolución del pago del ISR.

De acuerdo con la Fiscalía se trató de una simulación, pues el área de Capital Humano por ley podría realizar dicha función.

“ El dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso”, señaló Ulises Lara, vocero de la FGJ.

Las firmas recibieron aparentemente un pago del 20 por ciento.

Uno de los representantes legales de dos de esas empresas era Martiniano Rodríguez, asesinado en enero, lo cual podría estar relacionado con esta red ilegal, puntualizó la Fiscalía.

El segundo modus operandi también se llevó a cabo por funcionarios cercanos a Miguel Ángel Vázquez y del área de Capital Humano, quienes autorizaron y entregaron dinero a servidores públicos de la misma área.

Este esquema se realizó a través del supuesto pago en efectivo de la nómina y fondo de ahorro a empleados de Gobierno.

“ El dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos, los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores”, detalló Lara.

El tercer modus operandi señala que mientras fue coordinador de la Central de Abasto, Julio Serna posiblemente despojó a los dueños de las bodegas, mediante clausura o fabricación de delitos, para venderlas de manera ilegal y robar dicho dinero.

Además, celebró contratos con empresas irregulares para cobro de estacionamientos aéreos, baños y otros servicios.