Chilpancingo.- Luego de ser expulsados de un sembradío de amapola por pobladores, integrantes del Ejército regresaron al sitio para golpear y robar a civiles, acusaron vecinos de la comunidad Los Hoyos, del Municipio Heliodoro Castillo.

De acuerdo con esta versión, los soldados también catearon viviendas de esa localidad.

“Robaron celulares, carteras y destruyeron varios carros”, dijo uno de los habitantes.

El lunes, los soldados llegaron a sembradíos de amapola y cuando iban a iniciar los trabajos de destrucción, arribaron decenas de pobladores que los obligaron a retirarse.

En un video que circula en redes sociales, se ve a un grupo de hombres, algunos de ellos armados con palos, machetes y piedras, que grita a los soldados.

En la grabación de unos ocho minutos, se aprecia que algunos hombres lanzan piedras a los militares.

Atrás del grupo que agrede a los soldados hay mujeres acompañadas por varios niños.

Hoy, alrededor de las 5:00 horas, el Ejército llegó a la comunidad, relataron habitantes, hicieron destrozos en casas y robaron algunas pertenencias.

Sin embargo, los soldados se retiraron del lugar luego que escucharon el repicar de la campana de la iglesia del pueblo como señal de alerta.

Uno de los pobladores aseguró que un ciudadano fue severamente golpeado por los militares.

“Nuestra postura es de que no vamos a dejar que destruyan los plantíos de amapola porque el gobierno no nos apoya en nada ya que nos viene a engañar con despensas y están medio reparando las carreteras”, declaró el campesino.

“Ayer (lunes) los pobladores atrancaron (al Ejército) y no dejaron destruir los plantíos y hoy llegaron (los soldados) a Los Hoyos, levantaron familias, las golpearon y creo que balacearon carros y eso estuvo muy difícil”.

El pasado 25 de enero, unos 200 pobladores de comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, se enfrentaron con elementos del Ejército luego que destruyeron más de 50 hectáreas de sembradíos de amapola.

Habitantes de ocho comunidades de esta zona de la Sierra que se dedican a esta ilícita actividad exigieron a los Gobiernos federal y estatal una indemnización por la pérdida de sus cultivos.