Monclova, Coah.- Alrededor de 100 juzgadores en retiro en todo el país, quienes quedaron fuera de sus cargos tras la Reforma Judicial, no han recibido el pago extraordinario que se contempla en la reforma por haber perdido sus puestos por declinar en participar en los comicios de la misma, a un año de distancia de la entrada en vigor de la modificación, informó María Inés Hernández Compeán, ex titular del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Monclova.

“En específico, no le podría dar el dato de (cuántos afectados hay en) Coahuila, pero a nivel nacional son un aproximado de 100 juzgadores en retiro que no han recibido el pago extraordinario, que se contempla en el artículo décimo transitorio de la reforma”, comentó Hernández, vía telefónica desde Saltillo.

“¿Con qué se justifica el órgano de administración judicial con algunas cuestiones del trámite? Por ejemplo, (señalan) que (los juzgadores) no hayan presentado la declinación ante el Senado, sino que la presentaron ante el Consejo”, agregó.

“Sin embargo”, añadió, “al hacer el señalamiento desconocen que algunos declinaciones (de participar en la votación por la reforma) se hicieron incluso antes de que estuviera la normativa en ese sentido, y que el artículo constitucional, el décimo transitorio, no requiere o no señala ante quién debe hacerse la declinación, solamente pide que se decline participar en la elección”.

La entrevistada sostuvo que este pago extraordinario -comprendido por tres meses de salario y días por año laborado- fue la única compensación contemplada para quienes se vieron forzados a dejar sus puestos con la entrada en vigor de la reforma, es decir, no hubo un ‘finiquito’ propiamente dicho, sólo esta compensación.

Agregó que la situación resultó especialmente delicada para los juzgadores que no tienen la edad cercana o cumplida para jubilarse, como fue su caso -aunque, reconoció, ella ya recibió el pago extraordinario y además ya tiene un empleo, al desempeñarse como Secretaria de un tribunal de Saltillo.

Sin embargo, aunque ya pudo recibir la compensación, reiteró que forma parte de un “Sin embargo”, añadió, “al hacer el señalamiento desconocen que algunos declinaciones (de participar en la votación por la reforma) se hicieron incluso antes de que estuviera la normativa en ese sentido, y que el artículo constitucional, el décimo transitorio, no requiere o no señala ante quién debe hacerse la declinación, solamente pide que se decline participar en la elección”.

La entrevistada sostuvo que este pago extraordinario -comprendido por tres meses de salario y días por año laborado- fue la única compensación contemplada para quienes se vieron forzados a dejar sus puestos con la entrada en vigor de la reforma, es decir, no hubo un ‘finiquito’ propiamente dicho, sólo esta compensación.

Agregó que la situación resultó especialmente delicada para los juzgadores que no tienen la edad cercana o cumplida para jubilarse, como fue su caso -aunque, reconoció, ella ya recibió el pago extraordinario y además ya tiene un empleo, al desempeñarse como Secretaria de un tribunal de Saltillo.

Sin embargo, aunque ya pudo recibir la compensación, reiteró que forma parte de un grupo de ex juzgadores, que previamente realizaron protestas en la Ciudad de México; y que actualmente este grupo continúa apoyando a quienes no han recibido el pago.

Advierten: nueva Corte ya no es un contrapeso

La Suprema Corte ha perdido, prácticamente por completo, la herramienta más importante que le otorgó la reforma judicial de 1995 y enfrenta una disminución creciente de su poder como contrapeso y garante constitucional, alertan especialistas.

En 2025 y lo que va de 2026, la Corte sólo ha recibido tres acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales, de las que dos fueron desechadas y sólo una está en trámite, presentada en julio por el PRI para impugnar la reforma sobre integridad de candidaturas.

En este marco, la agenda legislativa desplegada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha quedado exenta de revisión por medio de este tipo de acciones, en contraste con el sexenio pasado, cuando casi todas las reformas relevantes de AMLO (Plan B de la reforma electoral o transferencia de la Guardia a la Sedena), fueron impugnadas y buena parte de ellas anuladas.