Monterrey, Nuevo León.- El administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nuevo León, Sergio Villaseñor Sánchez, podría enfrentar pena de cárcel al violentar un amparo, obligando a al menos un centenar de trabajadores a regresar a laborar presencialmente en las oficinas de la dependencia federal.

Así lo denunció Alejandro Valdez López, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Democráticos al Servicio de la Administración Tributaria (SNTDSAT), quien señaló que se trata de un acoso laboral, donde están en riesgo de ser despedidos los integrantes del comité directivo de esta organización y sus simpatizantes.

Precisó que Sergio Villaseñor Sánchez, violenta el amparo número 1,078, con fecha de 2021, en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo, donde se otorga licencia a estos trabajadores para laborar a distancia, por ser vulnerables afectados por el covid-19.

Lo anterior, aseveró Valdez López, sin ser autoridad para modificar una suspensión de esta naturaleza, solo para favorecer al oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda y del SAT, dirigido a nivel nacional por Enrique Romero Sánchez.

Se trata de un pago de favores, apuntó, ya que este sindicato, fue el que influyó para que Villaseñor Sánchez fuera asignado a la plaza de Nuevo León, donde ya había estado por más de 30 años y que hasta hace poco estaba en Jalisco, de donde fue trasladado a esta plaza del norte del país.

El Juez de Distrito aún no resuelve, y el administrador ya está obligando a los trabajadores a regresar, poniéndolos en riesgo, además de que debe esperar a la resolución del juzgador, y al violentar el amparo, cambia la situación jurídica del quejoso, explicó.

Al momento, abundó, nuestras licencias están suspendidas; en Nuevo León no nos han entregado ninguna, pese al mandato judicial, y a que la nueva legislación laboral permite la existencia de varios sindicatos, en este caso en Hacienda y el SAT, ese fue un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que el amparo es por el covid-19, y que pide que la persona que sea vulnerable trabaje a distancia, y esa suspensión él no la puede modificar, sino que debe resolverla el tribunal, pues la pandemia no se ha acabado.

Villaseñor Sánchez, indicó:

“ no puede modificar esa situación, afectar a un trabajador, por cuestiones políticas o sindicales, no está dentro de sus facultades, máxime que en Nuevo León son unos 100 trabajadores del SAT los que están en esa situación”.

“ Además, denunció que existe “robo” de plazas a las viudas y familiares de los trabajadores del SAT fallecidos, y recordó que por conquista sindical las plazas son heredadas; “en la entidad tenemos documentados al menos seis casos”, describió.

Añadió que el sindicato promovió un incidente en el referido juzgado, “por defecto de cumplimiento de suspensión de planos, Villaseñor Sánchez violentó la suspensión, cuando el juzgador no ha decidido.

“ Ya hemos mandado tres cartas a la presidencia de la República y una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para denunciar estas anomalías y hasta ahora no hemos tenido respuesta.

“ Nuestra expectativa es que el Juzgado de Distrito, si determina que si se violó el amparo, se puede consignar al Ministerio Público Federal por el delito de desacato, tiene que dar marcha atrás y reconsiderar, para que no le den vista al MP”.

De igual modo, denunciaron que tras el despido de Laura Elizabeth Alcalde, como administradora del SAT en Monterrey, por actos de corrupción el pasado 6 de diciembre, como lo publicó La Jornada, dos subadministradoras

“ cómplices siguen en sus puestos y ejerciendo terrorismo laboral contra los trabajadores”.

Entre las irregularidades atribuidas a Laura Elizabeth Alcalde, detalló, destaca haber omitido investigar varias denuncias, notificar de forma amañada, deliberada e incorrecta créditos millonarios en perjuicio del erario, así como hacer constar, en forma reiterada, hechos falsos a juzgados de distrito con la finalidad de afectar a la base trabajadora.

También se le acusó de no respetar lineamientos para evitar la propagación del coronavirus, al igual que inventar oficios para afectar a líderes de organizaciones sindicales.

Finalizó al señalar que las sub-administradoras que siguen en sus puestos son: Diana Blanca Estela Ramírez Mendoza, encargada de notificación e Irene Celia Cabrera Méndez, realizando las mismas prácticas por las que fue cesada su exjefa, acosando al personal, presumiendo la protección de Eneida Gaspar Delgado, alta funcionaria del SAT, quien trabaja bajo las órdenes de Luis Abel Romero López, Administrador General de Recaudación de ese mismo ente.