Torreón.- El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal y Administrativa admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia enviado por el Juzgado de Distrito a solicitud de las organizaciones Encuentro Ciudadano Lagunero, Comité de Defensa Pro De Nazas y Desarrollo Cardenista.

A través de un comunicado, informaron que en el incidente de inejecución de sentencia remitido por el Juez de Distrito se plantea que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha incurrido en incumplimiento de sentencia conforme a la Ley de Amparo.

Explicaron que si el Tribunal Colegiado al resolver el incidente reitera que existe incumplimiento de sentencia, remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente con un proyecto de separación del cargo del Titular de la Secretaria, en este caso Alicia Bárcenas.

El procedimiento ante la Suprema Corte puede concluir en su caso con la separación del cargo del funcionario y la consignación ante un Juez Penal por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo, e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

La señalada autoridad mediante los 27 oficios que ha presentado dentro del procedimiento de cumplimiento de sentencia, afirmaron que ha argumentado su incompetencia para cumplir con la sentencia manifestando una ausencia de facultades materiales, y delegando el cumplimiento indebidamente a otras autoridades en franca transgresión directa a lo ordenado por la sentencia

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El Juez de Distrito ya determinó que dichas actuaciones evidencian una evasión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable ha sido multada en dos ocasiones dentro del procedimiento de cumplimiento de sentencia por el incumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria de referencia”

Aseguraron que a pesar de su complejidad, el procedimiento de cumplimiento de sentencia está avanzando gradualmente con “pasos firmes” hacia el objetivo planteado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los quejosos.

Fue en marzo del año 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo en favor de las organizaciones antes mencionadas donde se ordena impedir la renovación de concesiones de agua mientras no se realice y apruebe un proyecto para frenar la sobreexplotación del acuífero y después proceder a su recuperación.